Regular las drogas

Lo más infamante en la lucha por la conquista de derechos en temas históricamente vedados es combatir la hipocresía de debates y posturas políticas. Hipocresía enraizada e institucionalizada con leyes, población, educación y en todo el aparataje social y cultural. Pasa con la lucha de derechos LGBTI, en la lucha feminista, antirracista, ecologista; y pasa, actualmente en el tema de la regulación de las drogas.

Comencemos diciendo que regular implica controlar en base a la ley, sin desconocer su daño, pero tampoco prohibirlas. Y superar la hipocresía que la proscripción generó los últimos 50 años, implica reconocer el fracaso de su prohibición: cientos de miles de muertos, una guerra fracasada desde que inició, que ha servido para engordar billeteras mafiosas, inflar presupuestos policiales y militares infructuosos; corromper funcionarios judiciales y al sistema financiero, penalizar consumidores y empobrecer a los más débiles.

¿Cuáles? Los campesinos, que son el último eslabón del comercio de drogas; o los traficantes de calle, los más detenidos en esta guerra, por citar dos ejemplos. La prohibición no ha eliminado la enorme cadena de violencia que engloba este sistema: terrorismo, guerrillas, mafias, evasión fiscal, fortunas hechas a base del lavado de activos.

La evasión fiscal provocada por la prohibición quizá es el mayor ejemplo del dinero que la regulación podría generar al Estado, que lo destinaría a mejorar la prevención, los tratamientos y la dependencia, que disminuirían si se regula, porque dejaríamos tabúes prohibitivos. Sucede con el licor y el cigarrillo: generan más muertes en promedio, que el consumo no regulado de drogas. Y no, no usemos moralismos, las cifras están ahí, verifíquenlo: violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito, cánceres. La regulación del licor y cigarrillo permite educar y restringir su consumo por edad, lugares, además de sanciones por su exceso, como en el tránsito. Y no están prohibidos.

Regular implica su venta en comercios controlados, que pagan impuestos, no sometidos a mafias, menos corrupción estatal y disminuir males conexos como: tráfico de armas, de personas, proxenetismo, etc.