Ha sido tradicional para los grupos de poder y sus intelectuales considerar que la política debe ceñirse al ejercicio formal de las instituciones. Sin embargo, cuando se reflexiona el diario vivir de la gente es contradictoria esa afirmación. Los defensores de la institucionalidad, que por cierto nunca queda claro a qué hacen referencia, gritan -porque hace mucho tiempo dejaron de argumentar- que las instituciones se han debilitado y surge la pregunta: ¿Y cuándo fueron fuertes, dinámicas, pero sobre todo, cuándo representaron a la nación y al pueblo?
Parecería que tienen un imaginario de las instituciones inscrito en una historia oficial que cuenta episodios de gloria, estabilidad, convivencia pacífica; de lo que se desprende que el Ecuador, siguiendo el imaginario de la dominación, siempre fue una isla de paz. Pero basta revisar todas las formas de resistencia, rebeliones, la historia social del país para darnos cuenta de que nunca fuimos una isla de paz. Por el contrario, los sectores mayoritarios estuvieron en permanente disenso con los grupos dominantes.
La dominación siempre nos hizo creer que la política debe ser siempre del consenso y para lograrlo solo los que tenían voz autorizada podían participar de los diálogos, de las negociaciones, de las cuales terminaban siempre repartiéndose el país. Esta creencia se agravó después de la caída del Muro de Berlín y nos hicieron creer que la única vía era la política desde el consenso, administrada desde el Estado burgués y su fin la democracia representativa. Pero todo eso ha sido incomprensible para la población. La política terminó moralizándose y abandonando su naturaleza crítica. Naturaleza que exige una mayor redistribución de la riqueza, que exige justicia material, ética, que dé fundamento y fuerza a una democracia plural y radical. Pero la política del consenso apela a que antes vivíamos mejor, que todo pasado fue mejor. Basta preguntar a los indígenas, a los afros, etc., si en el pasado vivieron mejor.
La política como disenso, como desacuerdo, permite develar que la mencionada institucionalidad de antaño no fue más que la forma particular de administrar el Estado a beneficio de las élites regionales. Sus intelectuales están molestos porque ya no son la voz de la “racionalidad política”. De pronto observan que son muchos los que hablan, que disputan el discurso de la política, que son muchos los que ya no requieren un intermediario para hablar, sino que se pueden enfrentar y disputar el lugar que les corresponde históricamente.
