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El Telégrafo
Daniel Soto

Ignorante cuando le conviene

16 de diciembre de 2022

Así es el Estado cuando habla de transformación digital, ignorante cuando le conviene. En unos casos ha demostrado ser muy hábil, pero en otros, mira para todos lados y en un hilo de voz dice que se requiere una reforma a un montón de Leyes para llevar a cabo una transformación digital. 

Ahora mismo se encuentra en tramitación el proyecto de Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. En este texto que está para segundo debate, se incorporan reformas que no deberían existir por ser redundantes y consecuentemente innecesarias. Peor aún es el hecho de que en algunos casos lo que se reforma tiene la falencia de incomprensibilidad y no serviría de nada porque lo que no se comprende, no se aplica.

Démonos un paseo por las instituciones que han llegado a digitalizar los servicios. Pocos municipios cumplen con servicios digitales, permitiendo solicitar, tramitar y entregar lo que se requiere en cuestión de segundos. Por ejemplo, un certificado de gravámenes automático basado en folios reales que se emite de manera inmediata a petición de un interesado. Unos municipios lo han logrado y otros están tan perdidos que han pagado más de 4 millones de dólares sin conseguir el resultado. Unos son un ejemplo de transformación digital y otros son una vergüenza.

¿Entonces se necesita una Ley? No, si un municipio logró hacerlo, pueden y deben hacerlo los demás.

Se incorpora en la Ley un texto que obliga al Ministerio de Educación para que desarrolle clases virtuales, como si las clases no se hubieran dictado virtualmente durante toda la pandemia. Desde luego que para esto no se necesitaba una Ley.

Otro ejemplo de la selectividad del Estado para transformarse digitalmente está en el sector judicial. Si a usted le deben dinero, cruce los dedos de que en unos 4 a 6 meses después de que presente la demanda, el demandado no mande a decir con alguien de su familia que ahí no vive. Si eso pasa, le tocará esperar unos 3 meses adicionales para pasar el absurdo proceso de citación, y usted pueda seguir con el juicio.

Pero eso solo nos pasa a usted y mi porque somos personas naturales sin protección estatal. Cuando la ANT, AMT, CTE o cualquier otro ente de control de tránsito le quiere notificar una foto multa ¿a donde le notifica? Al correo electrónico. Es decir que cuando el Estado quiere cobrar dinero de sus administrados, sí puede notificar a direcciones electrónicas. Esas instituciones no necesitaron ninguna reforma, diligentemente emitieron sus resoluciones y normativas internas basadas en lo que la Ley ya prevé para notificar rápidamente.

Y si está pensando que una notificación de tránsito no es lo mismo que una citación judicial, hablemos de la enorme ventaja que tiene el Estado para iniciar juicios coactivos. Si a usted le notifican por correo electrónico que tiene un juicio coactivo, sería mucha suerte, porque le pueden retener todo el dinero de sus cuentas sin necesidad de citarle. Ah, pero el ciudadano que pase nomás por los bosques encantados para poder cobrar lo que deben, porque disque la Ley necesita una reforma para poder mejorar los servicios.

También se pretende reformar varios artículos referentes a la emisión de pagarés electrónicos. Cosa que ya se podía hacer y lo único que había que tener en cuenta es que se firme con una firma electrónica, tal como estuvo escrito desde hace 22 años en la Ley de Comercio Electrónico. Pero los jueces han sido tan obtusos para dar paso a la ejecución de pagarés electrónicos, que sin criterio provocaron reformas innecesarias.

De las poquísimas cosas que se puede aplaudir de esa reforma, es que le hayan dado 90 días al Consejo de la Judicatura para implementar el expediente electrónico. Es bueno que le recuerden al Presidente y los vocales qué es lo que deben hacer, en vez de estar más pendientes de conservar su puesto. El expediente electrónico evitaría que los funcionarios de las unidades judiciales sigan sacando dinero de su propio bolsillo para comprar hojas de papel.

Tal vez para justificar su inoperancia, el Estado se declara ignorante cuando tiene que servir al ciudadano, pero muy ágil cuando tiene que servirse de él. El proyecto fue presentado por Lasso, quisiera suponer que le pareció más fácil pasar por todo el proceso de formación de la ley antes que ponerse a desbastar a algunos jueces y funcionarios que no tienen criterio para servir mejor.

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