Soy funcionaria de la Fiscalía General del Estado desde el 2010.  En mayo del 2016 fue nombrado Fiscal Provincial de Imbabura el jurista Gen Alfonso Rhea. Nunca imaginé que detrás de su caballerosidad se escondían intenciones de mantener, conmigo, una relación más allá de lo laboral. Al no acceder a sus pretensiones, se convirtió en un ser perverso que me reclamaba por la forma en que vestía, porque no era la ‘adecuada’ para trabajar en la institución y yo iba a ‘provocar’.

Su ego herido no se sació al efectuar actos administrativos ilegales en mi contra. Además me hostigó con la ayuda de Marjuri Álvarez, quien era su brazo ejecutor: yo no podía levantarme ni para ir al baño, debía hacerlo con la puerta entreabierta, se reubicaron las cámaras de vigilancia, prohibió que me reciban documentos oficiales y se valió de su padre, el abogado Alfonso Rhea Mejía, para iniciarme un sumario administrativo. El hostigamiento provocó deterioro en mi salud física y psicológica. Fui atendida en el área de psiquiatría y me medicaron. 

Denuncié a mi agresor en el Ministerio del Trabajo para no hacerlo ante el ente competente porque el Director del Consejo de la Judicatura de Imbabura, Danilo Espinosa de los Monteros, es su amigo. Sin embargo, mi denuncia fue archivada. En mayo del 2019, mi depredador, Rhea fue encargado por el Pleno del Consejo de la Judicatura como Fiscal Provincial.  Pese a tener denuncia por  delito de violencia de género y a la existencia de una pericia técnica de valoración psicológica que demuestra que he sufrido daño en mi salud mental. Es así que estoy siendo obligada a trabajar junto a mi agresor. Mis compañeros tienen temor del poder del Ab. Rhea y nunca relatarán los abusos perpetrados en mi contra. Prefieren convertirse en testigos ciegos, silenciosos e indiferentes.

Es una humillación y una burla para mí que el Ab. Gen Rhea siga como Fiscal Provincial de Imbabura, ejerciendo su defensa desde esa posición, haciendo uso de recursos humanos y bienes públicos. La injerencia de su poder se plasma en los jueces que me han negado las medidas de protección que como víctima me corresponden. ¿Hasta cuándo será mi agresor juez y parte?” (O)