Las comunidades políticas han venido trabajando en materia de Desarrollo Sostenible (DS), mediante el establecimiento de una bien marcada filosofía económica para intentar alcanzar crecimiento productivo y protección medioambiental, ergo mejor bienestar social.
Sin embargo, según la Cepal (2015), el modelo adoptado es inefectivo, especialmente cuando el constructo –social– desigualdad se ha tornado creciente, por citar. Como respuesta, en el documento “Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”, la Cepal propone un cambio de estructura para la efectiva consecución del DS, dentro de una atmósfera de gobernanza (Estado-Mercado-Sociedad), que asegure, por ejemplo, progreso económico inclusivo.
En el caso ecuatoriano, recientemente el Ministro de Economía estuvo cumpliendo agenda en suelo americano, dialogando con organismos multilaterales, afirmando que se busca el desarrollo preferentemente social. Casi de modo simultáneo, el país recibía la visita del exmandatario chileno Ricardo Lagos, quien, conjuntamente con el Alcalde de Guayaquil, brindó la conferencia “Economía y Desarrollo”, organizada por la Cámara de Comercio de Quito.
Es propicio destacar la sensibilidad del Gobierno, y la sintonía del burgomaestre Nebot con la recomendación de la Cepal, al esgrimir que el país actualmente demanda de un Estado socialmente enfocado, previo trabajo en el área económica que facilite aquello.
El quid de una conducción macroeconómica de futuro está en un trabajo desde el Estado (sea central o seccional), que tienda a la gobernanza plena, y cuyas decisiones prioricen “lo social”. Don Jean Tirole, premio Nobel de Economía 2014, manifiesta: “Una Economía del Bien Común es propia de un Estado moderno, donde coexisten: la Ciudadanía, el Mercado y el mismo Estado; siendo este último protector de la libertad de empresa, pero regulando al mercado para corregir sus fallos, sin sustituirlo” (2017, p. 177-187). (O)
