La crisis carcelaria responde a la concurrencia de un conjunto de elementos que han significado su detonante. Por un lado, el punitivismo penal que se consolidó con el nuevo Código Orgánico Integral Penal y el abuso de la prisión preventiva. Por otra parte, un sistema judicial lento e indolente que no es capaz de responder a las demandas de justicia, un porcentaje considerable de los presos no tienen juicio, peor una sentencia clara. Todo ello contribuye al hacinamiento y sobrepoblación carcelaria para la cual los grandes centros carcelarios, inmanejables, que se hicieron en la década reciente no dan abasto.
Otro elemento que se suma es la reducción de presupuestos para el sistema carcelario, así como los perfiles poco apropiados de los distintos responsables de la gestión de ese sistema en los últimos años. Y por si esto fuera poco, al volverse nuestro país una ruta del narcotráfico, las mafias locales vinculadas a las internacionales llenan cada vez más los centros penitenciarios, ejerciendo su poder y disputándose el control dentro y fuera de ellas.
Así, hemos sido testigos de una violencia indecible, de una masacre que nos avergüenza ante nosotros mismos y ante el mundo. “Más Ecuador en el mundo” han dicho los funcionarios del gobierno, pero no sabíamos que sería por esta crisis. Un Estado que pierde su autoridad y una buena parte de la sociedad indolente que parece no importarle la vida de los presos.
Estamos tocando fondo y podríamos ir para peor. El sistema carcelario en el país ya acusaba prácticas de lo que se denominaba “un mercado de privilegios” administrado por los funcionarios que suponía la compra de celdas, de negocios, de alimentación y comunicación (Nuñez Vega, 2006). Hoy, una violencia descarnada continúa en este mismo momento que escribo este artículo. Sin embargo, el gobernador del Guayas, el señor Arosemena, luciendo su chaleco antibalas declaraba hace varios días que todo estaba bajo control, la cuestión es de quién. Ese señor ya debió haber presentando su renuncia.
La rehabilitación en las cárceles no existe, lo sabe todo el mundo, ese es el infierno que acaba con la dignidad de las personas. Es momento de repensar totalmente la forma de rehabilitación. El asesinato de más de 200 personas presas, en lo que va del año, significa que el Estado ecuatoriano no ha podido garantizar la vida de esas personas que están bajo su custodia. Aquí no existe la pena de muerte, en la ley, pero en la práctica se empieza a configurar la muerte para los eufemísticamente denominados “PPL” en el país.
