Con 104 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional concedió la amnistía a siete comuneros de Nabón, provincia del Azuay, acusados de sabotaje tras su participación en protestas contra la actividad minera.

La solicitud de amnistía fue formulada por el ex defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, el 4 de octubre pasado, cuyo informe fue elaborado por la Comisión de Justicia, presidida por Mauro Andino.

La asambleísta azuaya Rosana Alvarado, vocal de la Comisión de Justicia, recordó que el 23 de marzo de 2008, en el sector de “Shincata”, cerro El Mozo, de la parroquia Cochapata, cantón Nabón, se produjo un levantamiento popular en el campamento de la minera Belén.

La población se levantó en rechazo a la grave contaminación de sus fuentes de agua como resultado de la actividad minera de dicha empresa, argumentó.

Ante el inicio de una persecución judicial a las autoridades, líderes y comuneros del sector, el 11 de julio de 2008 la Asamblea Constituyente resolvió conceder amnistía a  favor de estos ciudadanos, agregó.

Sin embargo, las distintas autoridades judiciales –jueces y fiscales- han irrespetado el cumplimiento de tal mandato, al realizar una lectura parcial de su texto y dejar de lado el informe de la Mesa 10 de Legislación y Fiscalización en el que claramente se aprecia la voluntad del constituyente, sostuvo.

En abril de 2010, la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Azuay dictó sentencia condenatoria en contra de los comuneros, imponiéndoles una pena de 8 años de reclusión mayor ordinaria, añadió.

Con la resolución de hoy se archivan los procesos penales y quedan insubsistentes las órdenes de prisión en contra de los ciudadanos Vinicio Saravio Jaya, Plutarco Patiño, Celso Amable Patiño, Rodrigo de los Ángeles Quezada , Segundo Olmedo Sanmartín, Luis Nelson Sanmartín y Manuel Remigio Capelo.

Actualmente los campesinos se encuentran prófugos y con problemas de salud, según el informe de la Defensoría del Pueblo.