La asambleísta Guadalupe Llori espera que una jueza resuelva una acción de protección que presentó en un juzgado de Quitumbe, Quito, para que restituyan su cargo en la presidencia de la Asamblea Nacional y le concedan una indemnización de USD 8,1 millones y una disculpa pública. El caso está en manos de la jueza Sonia Ramírez y la audiencia se celebrará el lunes 22 de agosto de 2022, a las 14:30.

A la audiencia están convocados Virgilio Saquicela, presidente del Legislativo y los asambleístas Pedro Zapata, Pamela Aguirre, Lucía Placencia, John Vinueza y Peter Calo. Esto cinco formaron parte de la comisión Ad-hoc pluripartidista, que recomendó la destitución de Llori por incumplimiento de funciones. El 31 de mayo de 2022, 81 legisladores votaron a favor de su salida del cargo. 

La defensa de Llori solicitó que cada uno de los asambleístas que votaron a favor de su remoción entregue una indemnización de USD 100 000, que equivale a un total de USD 8,1 millones, por daños y perjuicios. 

El salario mensual de un asambleísta es de USD 4759 mensuales, lo que equivale un sueldo anual de USD 62 292, incluidos sus beneficios de ley. Durante el período legislativo de cuatro años, ellos percibirán USD 249 162. Es así, que si se hace efectivo el pedido de la defensa de Llori por los USD 8,1 millones, un asambleísta tendría que trabajar durante 130 años consecutivos para conseguir ese monto. 

Saquicela aseguró que la solicitud de la asambleísta por Orellana es improcedente y solicitó a la jueza que no dé paso al pedido. Aseguró que existen supuestas presiones en contra de la independencia del sistema judicial. 

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— EcuadorTV (@EcuadorTV) August 18, 2022