La resolución que tomó la Asamblea Nacional sobre el expresidente Guillermo Lasso no tiene un efecto jurídico. Sin embargo, lo que podría quedar sin piso es el pedido de seguimiento hecho por el exmandatario a la Corte Constitucional.

Ayer, el Parlamento aprobó el manifestar que Lasso es responsable político por la infracción de peculado. También estableció en el documento aprobado con 116 votos que el exPrimer Mandatario utilizó la Muerte Cruzada (Decreto de disolución de la Asamblea) para eludir su responsabilidad.

La experta en Derecho Constitucional, Ximena Ron, explicó que lo resuelto no tiene valor jurídico porque “no implica una censura y, por tanto, no involucra la inhabilitación por dos años del ex para ejercer cargo público”.

Guillermo Lasso es responsable político de peculado. #JuicioPolítico pic.twitter.com/z6lFqmrWB3

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 1, 2023

Agregó que sus efectos pueden ser políticos e incidirán en la opinión pública. Pero, esa misma decisión, imposibilitaría que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el pedido de seguimiento hecho por Lasso, el pasado 29 de noviembre.

Ron señaló que no se concretó “el acto de juzgamiento político como tal”. El también experto en Derecho, Esteban Ron, coincide con esa visión. Manifestó que la resolución de la Asamblea se podría interpretar como una interrupción a dicho seguimiento.

“La Corte, mediante la Secretaría técnica respectiva, tendrá que pronunciarse”, agregó Ron.

Lasso pidió a la Corte Constitucional que inicie el seguimiento del dictamen con el que en febrero pasado avaló el juicio político en su contra. Entre sus argumentos estuvo el que no se puede juzgar a un expresidente porque la Constitución establece que esa opción se activa cuando está en el ejercicio de sus funciones. Lasso dejó el poder el 23 de noviembre pasado.