Buenos Aires, Argentina, fue la sede de la segunda Conferencia de las Partes - COP2 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe - conocido como Acuerdo de Escazú. En el marco de este encuentro de alto nivel, Gabriela Manosalvas, viceministra del Ambiente de Ecuador participó en el diálogo regional junto a 33 representantes de los países miembros.

La delegada ecuatoriana, dio a conocer la gestión gubernamental realizada, tendiente a la implementación del Acuerdo de Escazú en el país, destacando la integración y participación de los actores locales, nacionalidades y pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, como un mecanismo facilitador para la toma de decisiones a favor del ambiente y a la calidad de vida de la población, todo esto, mediante estrategias que viabilizan la generación del empleo, el acceso a una educación interdisciplinaria, la reducción de la desnutrición crónica infantil, un acertado manejo del recurso hídrico y la construcción de un sistema de gobernanza en miras de lograr la cooperación regional.

La viceministra de Ambiente, enfatizó “la filosofía de derechos y participación en asuntos ambientales contemplados en la Constitución de la República de Ecuador, que permite sentar las bases para la construcción de una democracia ambiental, intención planteada en el Acuerdo de Escazú, como un tratado visionario que recoge en sí mismo las particularidades de América Latina bajo un estilo de liderazgo dinámico que asegura un futuro sostenible para las presentes y futuras generaciones”.

Durante la COP2 de Escazú, se llevó a cabo una reunión paralela con el Gobierno de Argentina y la Cooperación Alemana para tratar sobre el fortalecimiento de los procedimientos de participación ciudadana en los sistemas de evaluación ambiental, sus desafíos y próximos pasos para la implementación de los procesos participativos.

El Gobierno de Ecuador ha definido acciones prioritarias para lograr una eficiente implementación del Acuerdo de Escazú, a través de una gobernanza que lidere no solo las instituciones públicas, sino que favorezca la inclusión y el desarrollo en conjunto con el sector privado, la academia y organismos internacionales que buscan un ambiente sano, seguro, sostenible y ecológicamente equilibrado.