Un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí revocó la acción de protección que permitía la formación de una veeduría ciudadana para revisar las decisiones que tomó el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).

Esa veeduría tenía como finalidad diagnosticar y evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional, que realizó el CPCCS-T, como parte de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas en virtud de la consulta popular del 2018.

El 24 de agosto del 2023, el juez Leiver Quimis, de la Unidad Judicial de Montecristi, fue quien dispuso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que "proceda de manera inmediata a la conformación de la veeduría ciudadana".

La Procuraduría General presentó un recurso de apelación a esa sentencia del juez Quimis. Este 2 de octubre del 2023, se conoció que tres jueces de la Corte Provincial de Manabí aceptaron la apelación de la Procuraduría y revocaron la sentencia dictada por Leiver Quimis.

Además, ese Tribunal considera que las actuaciones del juez Quimis "se ajustan al error inexcusable", pues habrían atentado "gravemente a la institucionalidad".

El error inexcusable es una falta disciplinaria establecida en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por lo tanto, el Tribunal dispuso que se remita esa resolución al Consejo de la Judicatura (CJ) para que inicie un sumario disciplinario contra ese magistrado.