Pese a que las “acciones al portador” no constan como una figura legal ni societaria reconocida por la normativa ecuatoriana, Banco del Austro y el Grupo Eljuri las aplicaron en octubre de 2010 para vender las acciones de los canales de televisión de su propiedad a dos empresas extranjeras.

Con ello se habría  “simulado” la venta de  Telerama  (Azuay) y  Telered (Santo Domingo de los Tsáchilas), en aparente cumplimiento del artículo 312 y la Disposición Transitoria Vigésima Novena de la Constitución, pero en fraude del Derecho Público.

Por ello, el superintendente de Bancos, Pedro Solines, pide que judicialmente se declare: la nulidad absoluta por los ilícitos en que incurren los contratos de compra-venta de acciones de las compañías Televisión Ecuatoriana (Telerama S.A.)  y Jofer S.A., que era dueña de Telered y ahora está en proceso de liquidación, y que en un plazo prudencial esas acciones sean subastadas públicamente en las Bolsas de Valores  y que el dinero sea entregado a los vendedores originales.

Así consta en la demanda interpuesta el 22 de febrero pasado por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) y que recayó en el Juzgado Séptimo de lo Civil del Azuay, en  contra del Banco del Austro y sus representantes legales, y de personas naturales del denominado Grupo Eljuri, quienes primero se cedieron las acciones entre sí y finalmente a  compañías extranjeras.

Para octubre de 2010, quienes adquirieron las acciones de Telerama S.A., Entretev S.A. y Jofer fueron  las compañías International Motors Company Inc. y Cardizales Oroibéricos S.A., constituidas y domiciliadas en Panamá y Costa Rica, respectivamente. Ninguna registra actividades relacionadas con medios de comunicación.

Como Ecuador no tiene convenios con Panamá y Costa Rica  para intercambio de información tributaria, los entes de control nacionales dicen que ha sido “difícil” determinar  los pormenores de esas compañías.

International Motors Company Inc. se constituyó en junio de 2006 en Panamá y su objeto social son las actividades de industria automotriz. En este caso, las acciones son “al portador” o “nominativas”: a voluntad de los accionistas. Según la SBS, bajo esa figura de acciones resulta imposible conocer a sus propietarios, porque pueden  variar en cualquier momento sin necesidad de consignar su nombre, bastando únicamente la constancia de posesión.

Autoridades de control de Ecuador descubrieron que todos los suscriptores de International Motors  tienen registrada la dirección de la firma de abogados “Tapia, Linares y Alfaro”, en Panamá. No obstante, según la denuncia, en caso de conocerse quiénes son los accionistas de esas empresas extranjeras, la información tampoco daría mayores datos,  ya que el país centroamericano ofrece facilidades para constituir compañías en las que los accionistas son terceros profesionales, que se desempeñan por cuenta de los verdaderos dueños.

Por ello, en la demanda de la SBS se destaca: “Se demostrará señor juez la fragilidad de la información y la facilidad para ocultarla que implica este tipo de manejos en países considerados paraísos fiscales, los que tienen por política no entregar información completa respecto a las negociaciones que se realizan”.

Y la SBS va más allá al revelar que si bien dichas compañías extranjeras funcionan en aparente cumplimiento de la legislación societaria de sus países, “no cumplen con los requisitos que la Ley impone a los negocios societarios en Ecuador. Debe tomarse en cuenta que las acciones al portador no son reconocidas por la Ley ecuatoriana para compañías constituidas dentro del país”.

Sobre los exdueños de los canales (Eljuri), la SBS identificó “elementos de ocultamiento de información relevante que, en el contexto de la compra-venta, abona a los indicios de que las acciones de las empresas de televisión todavía estarían bajo el control de los demandados, quienes no han presentado los libros y documentos sociales requeridos en las inspecciones de control de la Súper de Compañías. Tampoco existe el  registro contable de tales acciones ni de sus transferencias; no se ha establecido  el valor de las acciones como activos de la compañía; y no se ha presentado el libro de acciones y accionistas y demás documentos para revisar los estados financieros”.

SE IDENTIFICÓ RELACIÓN ENTRE ACCIONISTAS DE CANALES Y COMPAÑÍAS

El informe de la Súper de Compañías -al 3 de abril de 2012- establece que “existen relaciones entre los accionistas y administradores de tres canales: María Auxiliadora Hanna Maluk es vicepresidenta de Telerama S.A., gerente de Jofer S.A. y presidenta ejecutiva de Entretev S.A.

En cambio Manuel Torres Manrique es presidente en Telerama S.A. y  apoderado de la compañía extranjera International Motors S.A., mayor accionista de Telerama S.A. y Jofer S.A. “El nexo de administradores se refleja, además, en el nexo de la propiedad accional de las compañías extranjeras en las mismas empresas de medios de comunicación”, señala la demanda.

Se identificó que en la cláusula  9.2, respecto a la Cesión del Contrato de compra-venta de acciones de Telerama y Jofer, del 15 de octubre de 2010, se estipuló: “Ninguna de las partes podrá ceder este Contrato ni ningún derecho previsto, por imperio de la Ley y otro modo, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte. Los términos del presente contrato serán obligatorios para los sucesores y cesionarios autorizados de las partes”.

BANCO DEL AUSTRO NO SE PRONUNCIARÁ HASTA QUE SE DICTE SENTENCIA

Según la demanda de la Súper de Bancos, “la aparente desvinculación de los demandados del control de canales Telerama y Telered configura un objeto y una causa ilícitos, encubiertos a través de una simulación en fraude de la Ley, prohibida por el artículo 335 de la Constitución, en expresa contravención a normas legales y administrativas que versan sobre el tema, puesto que les permitiría retener el control del capital de los canales a través de un conjunto de actos jurídicos, en sí mismos aparentemente legales, pero que en su contexto y aplicación permiten a las personas naturales y jurídicas demandadas conservar el control de esos medios y regresar a sus patrimonios la totalidad de acciones”.

El Telégrafo buscó durante esta semana conversar del tema con directivos del Banco del Austro en Cuenca, pero el funcionario Óscar Sierra se limitó a indicar que por ser un asunto que está en proceso judicial “el Banco no puede hacer ningún pronunciamiento hasta que no se dicte la sentencia”. Dijo que el proceso está en el Juzgado Séptimo de lo Civil del Azuay y sugirió ir allá a leer y enterarse de  cómo  avanza el caso.