El 45% de separaciones de los cargos de prefectos, alcaldes, concejales y consejeros en el país se efectuó en 2018, tras informes de Contraloría que determinaron, incluso, indicios de responsabilidad penal. Ciertos implicados no han acatado las resoluciones del máximo ente de control y se mantienen en sus puestos licitando y celebrando contratos, a pesar de que el Banco Central les ha bloqueado las claves de acceso para disponer de los fondos institucionales.