La meta del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público en 2017 fue de $ 307 millones. Los recursos no ingresan directamente al Presupuesto General del Estado.

El dinero todavía no ha podido ser implementado en territorio debido a que el reglamento de la norma, que en mayo cumple un año, aún no se encuentra vigente.

El Gobierno no descarta acudir al Fondo Monetario Internacional en busca de financiamiento. El Ministerio de Finanzas asegura que trabaja en un plan económico sólido para obtener recursos.

En un oficio emitido el 10 de mayo, dirigido al contralor Pablo Celi, María Fernanda Espinosa pide la revisión de gastos desde el 24 de mayo de 2017, cuando tomó posesión de su cargo.