La defensa de la familia solicitó varias medidas de reparación. Entre ellas, que se retome la búsqueda del Luis Eduardo Guachalá o de sus restos mortales.

El debate sobre las reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que planteó la Canciller está en discusión en los países miembros.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha incumplido con sus funciones al nombrar autoridades sentenciadas por corrupción y estar cerca del poder. Tiene un presupuesto anual de 11 millones de dólares y una lista de 400 funcionarios. Sus 7 consejeros han ocupado entre 3 y 9 cargos públicos durante la administración del expresidente Rafael Correa.

La propuesta fue anunciada por la canciller María Fernanda Espinosa, luego de su retorno de San José, Costa Rica. Las reformas son parte de los objetivos que busca el país, con base en la Agenda de Política Exterior 2017-2021 que se presentó en enero pasado. Los consejeros del CPCCS se allanaron a la decisión.

Una delegación de las funciones del Estado viajó a Costa Rica. Luego de argumentar ante esa instancia, la defensa ecuatoriana recibió la resolución en contra del requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Primer Mandatario dijo que es una victoria del derecho y de la voluntad popular.