Este es el primer paso para la aplicación de la consulta popular que prohíbe la minería metálica en estas zonas. Las coordenadas aún no están claras.

Se pide que la Contraloría audite el contrato para la organización de la última convención de los alcaldes del país, que costó el 279% más que en 2016. Hay otra denuncia por la plataforma tecnológica para los cabildos.

La AME pretende conseguir $ 2.000 millones al año para poder cumplir sus objetivos de educación primaria y secundaria para todos a partir de 2020.

Las autoridades anunciaron que se convertirán en jefes de campaña a favor del referéndum. Pidieron celeridad a la respuesta de la Corte Constitucional.