Los sindicatos solicitan a la Asamblea Nacional que agilice el tratamiento del Código Integral del Trabajo y se oponen a la flexibilización. Los empresarios piden que las normas se adapten a cada labor.

El 20 de febrero las entidades deberán presentar un plan con el proceso de desvinculación de personal. Alrededor de 3.500 empleados serían removidos de sus funciones.