El organismo detectó anomalías en el proceso que le otorgó la nacionalidad ecuatoriana. La ley exige al peticionario tener por lo menos cinco años de residir en el país. También cuestiona su asilo y los gastos de su estadía en Londres.

El borrador de un informe de Contraloría determinó que tres empresas habrían recibido del Estado unos $ 20 millones sin documentos de respaldo de las transacciones realizadas. Además se irrespetaron los plazos de cobro.