Los detenidos fingían ser militares o policías y decían que podían ayudar a incrementar los montos de las pensiones. Usaban otras tácticas para delinquir.

Las propiedades afectadas cuentan con todos los servicios básicos y están legalizadas por el Cabildo.

Un proveedor participó como persona natural y jurídica. El perjuicio sería de $ 4,9 millones.

El 83% de las lesiones ocurre en las manos y dedos de los niños