El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad informó que 1.800 aparatos están en proceso de reparación o restitución.

El Gobierno ejecuta una reingeniería. El pasado 29 de agosto, la Judicatura dispuso a los jueces del país que eviten disponer la colocación de dispositivos electrónicos.

Representantes de la empresa estatal china destacan que el contrato por $ 13 millones no tiene sobreprecio y no contempló la entrega de los rastreadores, sino programas, equipos y capacitaciones.

El Ministerio de Justicia adquirió 4.000 dispositivos en 2016. El contrato de adquisición se encuentra desde mayo pasado en un examen especial por la Contraloría General.