Para el comisionado de la CIDH, el Estado no puede decidir cómo ejercer el derecho a buscar, procesar y difundir información porque es censura previa.

Una reducción de $ 10 millones aplicada al Ministerio de Inclusión Económica y Social sería devuelta esta semana, indicó la ministra Cordero.

El plan consta de nueve puntos, que incluyen el control del territorio, planes sociales, migración, conservación ambiental, entre otros aspectos.

Los dirigentes dieron plazo hasta el 25 de abril para que resuelvan sus demandas. Además anuncian movilizaciones.