Un operador privado de aseo confesó ayer ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, centro de Colombia, los detalles del plan orquestado por un grupo de empresarios, abogados, concejales y particulares contra la decisión del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, de entregar los contratos de recolección de basura a una empresa pública.

El contratista Emilio Tapia, quien es uno de los principales testigos de la Fiscalía General por el denominado ‘carrusel de la contratación’, señaló que desde el año 2011 se planeó esta estrategia después de conocerse la intención de Petro de no prorrogar los contratos a unas empresas privadas para el barrido y recolección de basura, destacaron ayer los medios locales.

Este nuevo esquema de basuras inició el 18 de diciembre de 2012 cuando Petro transfirió los servicios de recolección de basura de las empresas privadas, entre ellas Cupic, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Entonces, los operadores privados tenían la orden de trabajar hasta la medianoche del 17 de diciembre, para luego dar paso a la estrategia de Petro, sin embargo, durante las primeras horas del nuevo esquema de aseo, se presentaron problemas en la recolección de los residuos, que se acumularon durante 3 días.

El pasado 9 de diciembre, el procurador general Alejandro Ordóñez destituyó al alcalde de Bogotá como resultado de una investigación en la que determinó que Petro incurrió en faltas disciplinarias graves a título de ‘dolo’ por irregularidades en la implementación del nuevo esquema de recolección de basura en la capital colombiana.

A raíz de esto y entre una serie de otros procesos jurídicos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió una tutela interpuesta ante esa corporación en contra de la determinación de la Procuraduría de destituir e inhabilitar políticamente a Petro por 15 años. Allí, Tapia reveló ayer que desde el momento en que se hizo pública la implementación del nuevo modelo de aseo en la ciudad, se buscó la manera de afectar el nuevo proceso con ausencia de vehículos y operarios que realizarán dicha recolección. Agregó que la idea era disminuir la flota para que fuera imposible recoger toda la basura que produce una ciudad como Bogotá, un promedio de 6.200 toneladas diarias.

“La razón era sencilla: Si no hay carros recogiendo basura, el alcalde no dura 3 días. Ninguna ciudad del mundo se aguanta 3 días y tumbamos al alcalde inmediatamente, esa era la estrategia de los operadores privados”, precisó Tapia ante las preguntas de la magistrada del Tribunal.

Este nuevo modelo iba a afectar gravemente los intereses de los contratistas y operadores privados que manejaban el tema del aseo desde la administración de Antanas Mockus (2001-2003).

Tapia indicó que en el complot que se orquestó contra el nuevo modelo de recolección de basura, participaron desde los empresarios de las compañías de aseo, hasta varios concejales del Distrito, destacó el diario El Espectador.

Parte de esta conspiración se creó debido a que cuando era senador, Petro fue uno de los denunciantes de la corrupción en la contratación pública en la capital colombiana, en el caso que luego fue conocido como el ‘carrusel de la contratación’.

Por esto, en el primer semestre luego de su elección como alcalde de Bogotá, cargo que asumió en enero de 2012, se creó esta estrategia en contra de su plan de gobierno. Según Tapia, los partícipes en este montaje, nombraron a un contralor y un personero distrital con el fin de que presionen y afectaran la gestión del nuevo mandatario distrital.

“Todo estaba ligado al andamiaje, con todo el sector empresarial y político que estaba en contra de los lineamientos que él profesaba y su gestión de gobierno (…) Por eso se montó un contralor y un personero distrital a los lineamientos para entorpecer todo. Una cosa estaba ligada a la otra”, precisó el operador.