El anuncio de Israel de construir nuevos asentamientos en territorio palestino ocupado obligaría a la Autoridad Nacional Palestina a denunciar a los israelíes ante la Corte Penal Internacional (CPI), indicó ayer el asesor presidencial, Nabil Shaath. “Israel nos quiere empujar a recurrir a la CPI. Si siguen construyendo asentamientos, no tendremos otra solución que acudir a la justicia”, declaró Shaath, que preside el Comité Político de la Organización para la Liberación de Palestina.

Israel anunció el viernes su intención de construir 3.000 viviendas más en Jerusalén Este y Cisjordania, un día después de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara una resolución que otorga a Palestina el estatuto de Estado observador no miembro. “Cuando cometes crímenes  tienes que enfrentarte a las consecuencias. Si no quieren ir a la CPI, que no cometan crímenes. Y, si no los han cometido, no debería darles miedo que los llevemos ante el tribunal”, añadió.

Según Shaath, si Washington y las capitales europeas, que han aumentado su condena y la presión a Israel para que retire de la mesa los planes de crecimiento de las colonias, consiguen su objetivo, entonces, Palestina no tendrá que recurrir a la Corte de La Haya. “Si Estados Unidos y los europeos logran parar a Israel, no iremos a la CPI, pero  si no lo logran iremos adelante”, advirtió.

El liderazgo palestino ve incompatible el crecimiento de las colonias judías con un proceso de negociaciones para la paz. Los palestinos acudieron hace dos años a la CPI para denunciar lo que consideraban crímenes de guerra cometidos por Israel en su operación contra la Franja de Gaza “Plomo Fundido”, en la que murieron más de 1.400 palestinos, en su mayoría civiles, pero la Fiscalía del tribunal respondió que no podía atender la solicitud, al no ser Palestina un Estado.

El reciente cambio de estatus de Palestina en la ONU, que la semana anterior le dio el reconocimiento de “Estado observador no miembro” podría abrir la puerta al Gobierno palestino para acudir a la CIJ y reclamar el cumplimiento de las convenciones internacionales de derecho de guerra y humanitario.