El Gobierno de Venezuela instaló este martes una Comisión de la Verdad para investigar los hechos ocurridos en el país en los últimos años, principalmente durante las protestas de 2014.

El presidente Nicolás Maduro pidió hoy redoblar esfuerzos en los caminos del respeto, el derecho a la vida, democracia y paz, como bases que sustentan la democracia en la nación suramericana. "Cuánto dolor vivimos el 11, 12 y 13 de abril de 2002", recordó el presidente.

En el acto, que se desarrolló en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Maduro estuvo acompañado por el vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz; el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper; la canciller de la República, Delcy Rodríguez, representantes de los poderes públicos, expertos en Derecho y voceros de las víctimas de violencia política en el país.

La oposición no acudió al encuentro pese al llamado a la participación y diálogo realizado por el mandatario.

El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, aplaudió la iniciativa del presidente Maduro y dijo que la prioridad es la reconciliación nacional. "Se trata de trabajar en un escenario de paz y reconciliación como el que se necesita en Colombia, porque uno no sabe lo que esta vale hasta que la pierde", opinó.

Asimismo, recomendó que las inquietudes de los venezolanos no deben admitir injerencias de ningún tipo, sino solucionarlas a través del diálogo.

"Creo que esta comisión le ofrece a los venezolanos la posibilidad de encontrar un camino sincero de diálogo (...) Esta comisión es esencialmente una comisión de paz, no de guerra", resaltó.

La Comisión por la Verdad tendrá como objetivo central la búsqueda de la paz y la justicia, la reparación de las víctimas, así como la garantía de la no repetición de golpes de Estado, guarimbas y atentados en el país.

El grupo investigador estará encabezado por el vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, y surge en respuesta a la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por las fracciones de derecha en la Asamblea Nacional (AN), que exoneraría de responsabilidad a decenas de opositores, la mayoría de ellos acusados de la violencia de las protestas antigubernamentales de 2014.

El lunes,  el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional esta ley. (I)