El Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, defendió la facultad que tiene como Primer Mandatario y consagrada en el artículo 164 de la Constitución para decretar estados de Excepción.

Esto ante las críticas de sectores de oposición que generó la declaratoria del Estado de Excepción en la Función Judicial del Ecuador, que incluso han amenazado con plantear la destitución del Presidente Correa y del titular del Consejo de la Judicatura de transición, Paulo Rodríguez.

Tras haber participado de una entrevista en Radio Canela, el Presidente Correa fue requerido por la prensa quienes preguntaron la reacción del Jefe de Estado por las críticas de la oposición, ante lo cual Correa Delgado respondió que si se pone a responder todos los cuestionamientos de la oposición "tan mediocre, no haríamos nada en este país".

Asimismo, puntualizó que estos sectores que ahora critican la decisión de declarar en emergencia al sistema judicial, no presentaron alternativas o soluciones para mejorar el deplorable estado de la justicia.

"Ustedes saben que la Asamblea Nacional ha estado en emergencia porque la escolta legislativa tuvo que ser relevada y quién la remplazaba? tenía que hacerlo una escolta militar, pero eso no está permitido por la Ley, tuve que declarar estado de excepción a pedido del Presidente de la Asamblea, para que tengan como escolta las Fuerzas Armadas y ahora dicen que yo no puedo decretar Estado de Excepción para otro poder del Estado, para que vean las contradicciones", enfatizó el Presidente.

Correa firmó el decreto declarando el Estado de Excepción por pedido de Rodríguez, debido al estado actual del sistema de justicia. La medida, entre otras cosas, permitirá movilizar recursos para mejorar los sistemas informáticos e implementar al menos unas mil judicaturas requeridas por la Función Judicial y decenas de contrataciones urgentes.

El asambleísta de derecha, Enrique Herrería, dijo que conversará con los jefes de bancada en el Legislativo para plantear la destitución de Correa, a quien acusa de violentar la Constitución y la Ley de la Función Judicial por intervenir en otra función del Estado. Sin embargo, su propuesta no ha recibido respaldo en la Legislatura.