Las acciones de protección presentadas por el capitán de la Armada Jorge Zambrano y el mayor del Ejército José Intriago fueron desechadas por los jueces que las atendieron, por cuanto -resolvieron- no hay vulneración de sus derechos y fueron calificadas como improcedentes.

En ambos casos los demandantes pretendieron que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional los reciba, incluido al alto mando de las Fuerzas Armadas, para exponer sus opiniones en torno a la ley que reforma el régimen de seguridad social de las Fuerzas Armadas y Policía, la cual se tramita en el Legislativo.

El abogado de los querellantes, Javier Mejía, insistió en que se vulneraron los derechos a la libre expresión y opinión de sus defendidos por lo que apelarán la decisión. “En estos casos los militares tienen derecho a opinar sobre una ley que les afecta directamente”.

El juez de la unidad de tránsito de Quito, Marco Tamayo, quien conoció el proceso planteado por el mayor Intriago, negó el pedido porque no reunió los requisitos constitucionales para su admisión. Además, indicó que no era competente, ya que la petición debió tramitarse por la vía administrativa. Y añadió que no se presentaron pruebas que determinen el supuesto derecho vulnerado.

La jueza Ana Lucía Cevallos, de la Unidad de Garantías Penales de Pichincha, en el caso del capitán Zambrano desechó el recurso, ya que, de la misma manera, no encontró méritos, por cuanto no se probó que algún derecho constitucional le haya sido conculcado al oficial.

Agregó que los miembros de las Fuerzas Armadas pueden solicitar que la Asamblea los reciba de acuerdo a los órganos regulares que poseen tanto el Legislativo como ellos mismos.

Los oficiales ingresaron por separado los recursos en unidades judiciales de Guayaquil el pasado 30 de agosto, en contra del ministro de Defensa, Ricardo Patiño; la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y de los legisladores que integran la Comisión de Derechos de los Trabajadores, la cual estudia las reformas al Issfa e Isspol.

Los jueces de esa jurisdicción  alegaron que no eran competentes pues la sede del Legislativo, donde se tramitan las reformas, está en Quito. Por eso los querellantes volvieron a ingresar los recursos en la capital.

Vicente Peralta, quien representó en los procesos al ministro de Defensa, dijo que “los militares, para ejercer sus derechos de participación y expresión, deben sujetarse a las normas específicas que rigen sus actividades profesionales”.

Aseguró que no se ha negado ningún derecho. “Esto ha sido una tramoya de alguien que quiere seguir abonando una presunta tensión con los militares, somos respetuosos de las opiniones de todos los sectores, ellos tienen los canales institucionales garantizados por la Constitución para expresarse libremente”.

Peralta resaltó que, en esta línea, el Presidente de la República recibió miles de correos electrónicos de militares con sugerencias, incluso reclamos. “El 99% educados y corteses, lamentablemente una minoría de 16 miembros incluyó en sus mensajes insultos al presidente Correa, por eso son sometidos a consejos de disciplina conforme a la ley”. (I)