La Jueza de la Unidad de Garantías penales de Pichincha, Karen Matamoros, declaró como válida la acción de protección que interpuso el presidente de la República, Rafael Correa, y anuló la decisión del Consejo de Disciplina de la Armada que se excusó de sancionar al capitán de la Marina, José Luis Peñafiel, quien envió un correo electrónico con insultos al Mandatario.

Además, en la resolución la jueza dispuso que en un plazo de 120 días todo el nivel jerárquico de las Fuerzas Armadas sea capacitado en normas constitucionales, de manera que tengan claro que los militares deben subordinarse al poder civil “lo cual está claramente consagrado en la Constitución de la República”, expresó ayer durante la lectura de la sentencia.

Ratificó que como parte de la reparación integral y sobre la base del derecho de repetición, dispuso la capacitación de manera que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.

En agosto pasado el capitán de la Armada José Luis Peñafiel fue absuelto por el Consejo de Disciplina   que resolvió “declarar que los hechos conocidos con el oficio No.MDN-JUR-2016-004-OF-FQ-R, de fecha 14 de julio de 2016, no están tipificados en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar, en razón de que dicha normativa interna únicamente es aplicable a las acciones y omisiones disciplinarias cometidas entre los militares en servicio activo”.

En tal virtud, el Consejo de Disciplina de la Armada adujo que “no es competente para sancionar el hecho comunicado por el Coordinador General Jurídico de Defensa Nacional”.

El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, acudió en representación del Jefe de Estado a la audiencia efectuada la tarde de ayer. Sin embargo, los 5 oficiales que conformaron dicho Consejo de Disciplina de la Armada no estuvieron presentes y tampoco nombraron  abogado alguno a pesar de que fueron debidamente notificados. Por este motivo fue asignado un defensor de oficio.

Mera, al final de la audiencia, dijo que la resolución es un avance en el respeto  a “la institucionalidad que deben tener el pueblo civil y pueblo armado”.

Una vez que el juez notifique a las partes se analizará la orden de capacitación para los militares en cuanto a temas constitucionales.

El 14 de julio pasado, el Presidente de la República envió vía correo electrónico, a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, una carta explicativa a propósito de la polémica levantada alrededor de la devolución del dinero que se pagó en exceso al Issfa, por terrenos en la zona de Los Samanes en Guayaquil, donde el Gobierno construyó un parque público.

El problema surgió porque el Ministerio de Ambiente canceló al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) $ 48 millones por esas tierras, pero el Cabildo guayaquileño determinó que el valor era de apenas $ 6,4 millones, por eso se debitaron de la cuenta del Issfa los valores de la diferencia.

Esto motivó respuestas, “la mayoría muy educadas”, comentó anteriormente el presidente de la República, quien denunció que recibió 14 comunicaciones  a su correo electrónico de oficiales de  las FF.AA. con contenido insultante.

Esto motivó que el Ministerio de Defensa solicite que se investigue los mensajes y, de ser el caso, los involucrados sean sancionados.

Por este motivo se conformaron consejos de disciplina militar para verificar la conducta, por ejemplo,  del capitán de navío Edwin Ortega, a quien el 19 de agosto pasado el Consejo lo absolvió bajo el argumento de que el Mandatario no es un “superior militar”, sino un civil.

Esto causó el reclamo del Jefe de Estado, quien denunció que “se violó la Constitución”. Por ello interpuso una acción de protección y la jueza Vanesa Wolf dejó sin efecto la resolución de ese Consejo y ordenó que se conforme otro.

Asimismo, el 30 de agosto, el teniente de la Armada Juan Carlos Barrionuevo acudió ante el Consejo de Disciplina por también enviar un mensaje con insultos, pero todo se suspendió. Sin embargo, el trámite sigue, ya que según el abogado Juan Vizueta esperan que primero se levante la restricción de documentos solicitados para el proceso y que están clasificados.

Además están pendientes consejos de disciplina en contra de la teniente del Ejército Karla Pozo y el capitán del Ejército José Román. (I)