Era la década del 70, Ecuador estaba gobernado por una dictadura militar que había prometido manejar cuidadosamente el oro negro recientemente descubierto en la Amazonía.  

La falta de recursos obligó al Estado a contratar empresas extranjeras para la explotación del petróleo. La mayoría de petroleras provenía de Estados Unidos, entre ellas la poderosa Texaco Gulf (hoy Chevron).

Siempre ha sido un secreto a voces, pero un cable, de aquellos revelados recientemente por WikiLeaks y que data de aquella época, certifica que el petróleo es la piedra angular de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos, y en ese marco Washington vela por sus compañías.

El 19 de junio de 1973, un funcionario de la embajada norteamericana lo deja claro. Recomendaba al Departamento de Estado posponer cualquier anuncio relacionado con la recientemente aprobada Ley Pesquera de Estados Unidos para no interferir con los diálogos que mantenía el Gobierno ecuatoriano con Texaco para renovar el contrato de explotación.

“Como se informó, las negociaciones (con Texaco) se encuentran en una fase delicada. Creemos que esta situación va a persistir durante algún tiempo (que el plazo legal se posponga hasta agosto 6). Es probable que la ausencia de un contrato firmado será objeto de creciente atención. En verdad esto puede ser usado contra el ministro de Recursos Naturales por sus enemigos políticos”, explica el diplomático.

Por aquella época, Texaco negociaba con la dictadura una renovación del contrato, proceso que era seguido muy de cerca por la Embajada.

Brewster celebra que la disputa pesquera (Estados Unidos no reconocía las 200 millas de mar territorial, por lo que sus barcos atuneros pescaban en esas aguas) no ha influido en la relación petrolera, pero advierte que la Ley Pesquera sí podría hacerlo.

“Como hemos informado anteriormente, creemos que el potencial de problemas por la simple notificación es considerable, que las posibilidades de problemas con Ecuador serían aún más altas. Las complicaciones que teníamos previsto hasta ahora estaban centradas en la probabilidad de la expulsión de las misiones de ayuda o en efectos adversos en los  esfuerzos de Estados Unidos para participar en el complejo pesquero”, comenta.

“La unión de las negociaciones con Texaco Gulf y el inicio del proceso de ejecución de la ley pesquera, y el hecho de que los mismos ministerios y personajes están involucrados en ambas áreas, además de que ambas cuestiones despiertan emociones nacionalistas, sugieren a EE.UU. que existe un potencial considerable para afectar negativamente los intereses de petróleo aquí”, advierte la misión en Quito al Departamento de Estado.

“La producción de petróleo de Texaco en Ecuador es el mayor interés de Estados Unidos en este país. Las negociaciones sobre el futuro de esta producción no deben verse comprometidas por cuestiones distintas. El retraso en la notificación de la FPA (Ley Pesquera) o en la deducción de ayuda no es acción final de Estados Unidos y parece un pequeño precio a pagar para no comprometer una inversión importante de Estados Unidos. En esta instancia el petróleo debe prevalecer sobre el pescado”, destaca tajantemente.

La Ley Pesquera norteamericana ordenaba al gobierno de ese país  pagar las multas que imponían terceros Estados a los barcos pesqueros estadounidenses que faenaban en aguas prohibidas.

Por ejemplo, cuando la Marina ecuatoriana capturaba a un atunero norteamericano, a éste se le imponía una multa. El pescador pagaba al estado ecuatoriano pero cuando regresaba a San Diego, Washington reponía el gasto.

A su vez la Casa Blanca deducía la multa en la ayuda que prestaba a Ecuador. Ese procedimiento estaba estipulado en la Ley Pesquera que  aprobó el Senado, luego de un lobby de la industria.

Como la Marina estaba a cargo tanto del asunto pesquero, como del petrolero, la Embajada fija una estrategia para no afectar a Texaco. Ellos solicitan al Departamento de Estado “que la notificación (de la deducción de ayuda) se  demorase, si es posible, hasta después de agosto 6, el plazo fijado por Ecuador para las negociaciones petroleras”.

Finalmente el gobierno ecuatoriano firma un nuevo acuerdo con Texaco en agosto de ese año. La empresa operaría en el país hasta la década del 90.

Pese a ese acuerdo, al año siguiente vuelve la preocupación por Texaco. El acuerdo de 1973 fijaba una alianza entre la empresa norteamericana y la estatal CEPE (Compañía Ecuatoriana de Petróleos). Debido a ello, Ecuador debía  pagar 44 millones de dólares.

El primer desembolso, de 10 millones, no lo cumple. Frente a eso los directivos de Texaco van al Departamento de Estado a informar sobre la situación. El propio Henry Kissinger describe la reunión a la embajada en Quito.

“Shields (uno de los directivos) explicó los graves  problemas financieros actuales (...)  El gobierno ecuatoriano no ha hecho ningún movimiento para pagar esta cantidad. De acuerdo con Shields, Texaco y Ecuador habían acordado a Arthur Young como la firma auditora internacional que certificase la cantidad exacta del pago para compensar a Texaco por la participación del 25 por ciento”.

Los empresarios se quejan de que el gobierno ya no quiere a esa empresa, además le han puesto límites a la producción y también lamentan el bajo precio del petróleo ecuatoriano.

“Él (Shields) especula que en un país más racional este patrón lo interpretarían como una política clara destinada a la expropiación, pero su experiencia en Ecuador los lleva a la confusión por las acciones descoordinadas. Le dijimos que no teníamos una explicación particular para las medidas de Ecuador. Hemos señalado que cambios internos en el Gobierno han aparecido y está involucrado el liderazgo del sector petrolero, pero que no existe ninguna razón para esperar que dichos cambios sean para mejor”, escribe Kissinger.

A partir de allí, los representantes de Texaco en Ecuador acuden semanalmente a la embajada para informar sobre la evolución del diferendo.

El 25 de septiembre de 1974, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Robert Brewster, informa sobre una reunión que mantuvo con un “poderoso” del sector petrolero que no identifica. Pide que lo que reporta no sea divulgado fuera del Departamento de Estado, menos aún en la industria hidrocarburífera y peor con Texaco.

“La fuente confirmó que no se habían efectuado pagos por parte de CEPE a Texaco (...) dijo que CEPE no estaba y no está aún con una buena liquidez. Al preguntársele por qué el Gobierno no desembolsaría fondos adicionales para permitir a CEPE pagar a Texaco, la fuente dijo que era resultado de la táctica de presión a Texaco para ponerla contra la pared”.

“Él dijo que creía que el plan del Ministerio de Recursos Naturales  era aumentar su participación con incrementos del 5 por ciento o menos hasta que posea la mayoría de la empresa durante un período de 3 a 4 años. Incluso en esta posición mayoritaria y con los altos porcentajes de recompra los socios de Estados Unidos estarían en una mejor posición financiera que lo que estaban antes de la crisis del petróleo de 1973”, le dijo la fuente al embajador norteamericano.

En octubre de 1974, Brewster, que siempre se esforzaba para manejar los distintos asuntos de las relaciones bilaterales de manera separada, habla de sus esfuerzos en esta materia.

“Como el Departamento tiene conocimiento, tengo instrucciones para informar al gobierno de la fase de del programa de ayudas (...) originalmente se pensó hacer la presentación inicial sobre este asunto a la Cancillería y Ministerio de Finanzas. Con los acontecimientos recientes en el frente de energía  ahora la exposición debe ser hecha por mí al propio  Presidente (Guillermo Rodríguez Lara).

Va a ser difícil, en el mejor de los casos, convencer a los ecuatorianos de que el nuevo programa de ayuda no es una reacción o represalia a su política energética. Nuestra mejor oportunidad de poner todo este asunto en el contexto adecuado, me parece, es dar a conocer nuestras razones directamente al presidente, y que se siga con las presentaciones por separado a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Finanzas”, informa.

Finalmente los problemas entre Texaco y el gobierno ecuatoriano  fueron superados, pese a que siempre hubo una relación difícil entre ambas partes.