Chrystian Cevallos, coordinador de Gestión Política Social y Desarrollo del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, considera que el debate para tratar de encontrar una salida al conflicto entre etnias waoranis y pueblos en aislamiento no debe limitarse a dialogar con dirigentes, sino a involucrar a las comunidades y a sus miembros.

Resaltó que “lo que debemos ser como país es suficientemente sensibles e inteligentes para permitir que el proceso de investigación sea el que ayude a conocer qué mismo pasó y el porqué de los útimos incidentes”.

Del lado del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables destaca que cada vez que se otorga una licencia en el manejo ambiental para que posibilite un ciclo de operaciones, las empresas públicas y privadas hidrocarburíferas están en la obligación de contar, además, con  estudios de  impacto ambiental y social, así como presentar un plan en donde se establezcan cuáles van a ser sus códigos de conducta y protocolos de relacionamiento con las comunidades, y de prevención y gestión de conflictos.

Indicó que el espacio real que ocupa una plataforma petrolera en la zona es del porte de una cancha de fútbol. Por ello, señala que “los impactos mayores, generalmente, han venido por el lado de las vías, ya que eso ha generado un proceso migratorio, de colonización y, por ende, la tala de árboles”.

Para controlar el respeto en la zona, el Ministerio de Justicia tiene la Estación Shiripuno, a dos horas de El Coca en vehículo. En un recorrido realizado el fin de semana por El Telégrafo, se evidenció que allí laboran expertos y waoranis, en el control y monitoreo de todo lo que es la zona intangible, el Parque Yasuní y la zona de amortiguamiento. A esos sitios tienen prohibido ingresar personas o empresas vinculadas a la industria petrolera o maderera, bajo el riesgo de verse sometidos a un delito ambiental.

“Antes de 2006 en el país no se hablaba de pueblos en aislamiento, de un plan de medidas cautelares y no habían instituciones del Estado que trabajaran en torno a ese tema. Ahora, sí las hay”, aclaró Cevallos. Resaltó que  el concepto que se tiene ahora no solo de la industria hidrocarburífera sino de los recursos naturales, es que la política pública defiende que se tiene que beneficiar primero a las comunidades.

Muestra de ello, a Yarentaro, Dícaro, Cononaco y Aguarico (Orellana), en el Bloque XVI, que son las involucradas en actividades petroleras, hace 2 años se les entregó $ 20 millones, dinero que ha sido invertido en la dotación de servicios básicos, instalación de centros educativos y de salud, casas comunales, etc. Todo ello, respetando la cultura ancestral. En otras comunidades se busca trabajar en planes similares, aunque aún hay resistencia a lo externo.  

Cevallos cree que el debate de los impactos de la actividad petrolera, los problemas entre etnias, la protección ambiental y más, debería ir más allá de las dirigencias, porque una cosa hacen por un lado y una distinta por otro.

Él confirmó que tras las muertes de Ompure y Buganey, la Nawe envió una carta a Repsol pidiendo que les den dos camionetas, cerramiento, escuela...

“Limitar la discusión como país a un tema con las dirigencias no va a dar el volumen que merece. Hay que discutirlo con las mismas comunidades, los clanes familiares, los cabeza de familia, ir repensándonos en la historia de cómo construir juntos”, concluyó Cevallos.