El miércoles 13 de enero comenzó en Chile la discusión del proyecto de ley para la despenalización del aborto hasta la semana catorce de gestación. Justo dos semanas después del que el Senado en Argentina, aprobara la despenalización del aborto en dicho país. Y, a pesar de que la lucha de las mujeres chilenas por proscribir la criminalización del aborto, guarda todas las similitudes posibles con la de sus hermanas latinoamericanas, su historia tiene matices y un contexto particular que amerita ser conocido, para entender este nuevo paso de la marea verde, esta vez por la tierra de las mujeres que, desde el 2019, han impulsado a otros millones alrededor del mundo, a cantar fuerte y claro: y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía.

En Chile, aunque la historia reciente pudiera hacer pensar lo contrario, la interrupción del embarazo no siempre estuvo proscrita. En efecto, la prohibición absoluta del aborto data de 1989, año en que el gobierno militar, conocedor del fin de sus días, decidió criminalizar la interrupción del embarazo en todas sus modalidades. Sin embargo, el aborto, como parte de la política pública de salud, estuvo permitido desde 1931, bajo la figura del aborto terapéutico, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo que tiene por objeto salvar la vida de las mujeres en riesgo.

En 1931 entró en vigencia el Código Sanitario, norma que en su artículo 226 permitía la interrupción del embarazo con fines terapéuticos. Para el efecto, la ley requería de la opinión de tres médicos y, en el evento de que esto no fuera posible, la ley de todos modos facultaba a los médicos a interrumpir el embarazo con el fin de salvar la vida de las mujeres.

Ya para la década de los sesenta y con la creación del Servicio Nacional de Salud, se formuló la primera Política Pública de Planificación Familiar, que derivaría en la Política de Población y Salud Pública, y que tuvo entre sus tres objetivos primigenios: Reducir la tasa de mortalidad materna relacionada, en gran medida, con el aborto provocado clandestino.

En 1968 y con la expedición de un nuevo Código Sanitario, se mantuvo en su artículo 119 el aborto terapéutico, pero esta vez con menos requisitos, pues para su procedencia la ley exigía la opinión documentada de dos médicos cirujanos. En este sentido y según la Dra. Tegualda Monreal, tanto la tasa de mortalidad materna, como la tasa de mortalidad por aborto, se redujeron en un 50% entre fines de los sesenta y hasta 1973.

Sin embargo, la historia cambiaría drásticamente bajo la dictatura militar de Augusto Pinochet. Ya desde la 1974, año en que comenzó su trabajo la comisión que redactaría la Constitución Política de 1980, apareció la idea de instaurar la prohibición absoluta del aborto en Chile. Cuestión que se materializaría en 1989, a meses de la salida de Pinochet del poder. De este modo y, bajo la presión de la alta jerarquía de la Iglesia Católica chilena, a través del partido político Unión Demócrata Independiente UDI, el 15 de septiembre de 1989 se reformó el artículo 119 del Código Sanitario, que ahora disponía: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.

Fue recién después de 18 años del retorno a la democracia, en septiembre de 2017, bajo el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, con un proyecto de su iniciativa y luego de dos años de debate en el Congreso, que se dictó la Ley No. 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, y que permite la práctica del aborto en los casos de: riesgo vital para la mujer, inviabilidad fetal y violación sexual.

Sin embargo, y luego de la despenalización del aborto por estas tres causales, el camino para que las mujeres en Chile puedan ejercer sus derechos, no ha sido fácil. El mismo sector que impulsó la prohibición total del aborto en 1989, llevó la Ley al Tribunal Constitucional, (institución que en Chile es un órgano contramayoritario, pero que vela por los intereses de las minorías poderosas del país). No obstante, la presión de los colectivos de mujeres feministas, que se apostaron por días y noches fuera de dicho Tribunal, impidió que este declarara la inconstitucionalidad de la Ley.

Hoy Chile vive lo que se denomina un momento constituyente. Luego de treinta años de acabada la dictadura, la perennización de sus pilares económicos, sociales y políticos en democracia, produjeron el llamado estallido social. Este fenómeno inusitado y de difícil compresión para quienes conocen a Chile solo a través de sus cifras macroeconómicas, ha remecido todas las bases del Estado y de la sociedad chilena, a tal punto, que hoy Chile se prepara por primera vez en su historia, para darse una Constitución con legitimidad democrática.

Dentro del estallido, los colectivos de mujeres feministas han tenido un rol protagónico. Hoy la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres es transversal. Las chilenas están decididas a ser sujetas plenas de derechos de una vez por todas. Y en ese camino, es que desde el pasado miércoles 13 de enero y con el impulso de nuestras hermanas argentinas, comenzó en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, la discusión para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación.
En Chile será ley. También en Ecuador. (O)