La violencia sexual en el ámbito educativo exige más que un reconocimiento público de responsabilidad
El pasado 9 de diciembre del 2020, Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán Albarracín, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió el reconocimiento público de responsabilidad y disculpas públicas por parte del Estado ecuatoriano por la violencia sexual que sufrió su hija por parte del Vicerrector de su colegio, Bolívar Espín.
En el caso, el Ecuador fue condenado por no proteger los derechos de Paola dentro del sistema educativo, así como por incumplir su deber de investigar, sancionar al agresor y reparar a las víctimas.
El mismo día, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, negó el recurso de casación interpuesto a favor de Daniela O. Una estudiante del tercero de bachillerato del colegio Hipatia Cárdenas de Bustamante de la ciudad de Quito, quien fue víctima de violencia sexual por parte de su profesor, Mario V. En su caso los jueces que tramitaron la causa ratificaron una sentencia que textualmente señala que “un dibujo de corazón realizado sobre la pierna derecha de la víctima no puede ser considerado un acto de carácter sexual”.
Así mismo, contrariaron el propio concepto del delito de abuso sexual y ratificaron concepciones como que “abuso sexual es el resultado de la masturbación en el cuerpo de la víctima”.
Una semana después, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, dentro de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI), intentó eliminar el enfoque de género de la ley, así como todas las normas referentes a la educación sexual integral, mecanismos normativos básicos para la prevención de violencia sexual en el ámbito educativo.
Estos acontecimientos nos demuestran las pocas intenciones que el Estado ecuatoriano tiene para prevenir la violencia sexual en el ámbito educativo. Es realmente contradictorio que por una parte se reconozca la responsabilidad del Estado frente a la violencia sexual en el caso de Paola Guzmán Albarracín, mientras que el mismo día se le niegue la justicia a Daniela O. y se permita que su agresor vuelva al sistema educativo. Y esto, sin mencionar que a la Asamblea Nacional poco le importa mantener la educación sexual integral y el enfoque de género dentro de la LOEI.
Mientras el Estado no responda de forma integral frente a la violencia sexual en el ámbito educativo, las cifras de más de 3280 (cifra a 2019), niñas, niñas, adolescentes, víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo y las más de 9000 identificadas dentro del sistema, no decrecerán. Es importante que el Estado entienda que no basta con declaraciones públicas de responsabilidad si no presenta garantías concretas de no repetición de sus actos. (O)
* Mayra Tirira, integrante de SURKUNA
