El 80% de los embarazos infantiles son producto de violaciones

- 02 de junio de 2018 - 00:00
En el país, cada año, alrededor de 2.000 niñas conviven con un embarazo como producto de una violación. En la mayoría de los casos el hecho no termina siendo denunciado en la Fiscalía.
Foto: Archivo / EL TELÉGRAFO

Las niñas son atendidas en los centros de salud, donde las preparan para aceptar al nuevo ser y desempeñar su futura labor en la sociedad.

Cada año, un promedio de 2.000 niñas menores de 14 años se embarazan en el país  y el 80% es producto de una violación de un integrante del entorno familiar o social.

 Esos son los datos que revela el estudio “Vidas robadas”, desarrollado por la Fundación Desafío. Dentro de los resultados se aborda la revictimización de las menores que acuden a los servicios de salud, puesto que continúan con los embarazos violentos.

El análisis indica además que en 2016 se registraron 2.960 chicas en estado de gravidez, de las cuales 1.700 tuvieron sus hijos y el resto abortó o se complicó su labor.

Virginia Gómez de la Torre, autora del estudio, considera que el hecho de que una menor esté embarazada pone en riesgo su vida, por eso establece que los galenos deberían informar sobre la posibilidad, de ser el caso, de interrumpir la gestación o dar el bebé en adopción.

La investigadora recalca que los profesionales de salud se conmueven con los casos infantiles de embarazo, pero al final las tratan como cualquier otra mujer, que llega en estado gestante y aplican los procedimientos establecidos en las guías médicas.

Señala que las involucran en los talleres de preparación del parto y las sicólogas trabajan en la aceptación de la madre a su hijo como si fuera un embarazo común.   

“La gestación las convirtió en adultas con responsabilidades y deberes que a la luz de su realidad y edad no es compatible con su proyecto de vida”, recalca el estudio.  

Un ejemplo de esto es Azucena, quien a sus 11 años fue drogada y violada por un conocido de la familia, según consta en su historia clínica.

Ahí se detalla que la progenitora  se enteró del embarazo cuando estaba en el último mes de gestación y nunca puso la denuncia. 

Además, en el diagnóstico psicológico se indica que se le habla de sexualidad responsable a futuro, aunque se concluye que no es necesaria una planificación familiar.

“Son aspectos técnicos, de acuerdo con los protocolos establecidos que estamos obligados a cumplir”, refiere Beatriz, enfermera de un centro de salud público de Cotopaxi.

El sicólogo clínico Édison Burbano, del Hospital del Sur de Quito, quien colaboró en el informe de Wambra radio, dice que “en la mayoría de casos, a las chicas las obligan a formar un hogar”.

Uno de los ginecólogos que atiende a las afectadas reconoce que el daño más grande está en la salud mental.

“La mayoría de las pacientes  son de escasos recursos económicos, que muchas veces dejan los estudios y a las que les cuesta adaptarse a sus hijos recién nacidos”.

El estudio destaca la atención que se les brinda a las embarazadas en cuanto a salud física en todos los nosocomios que regenta el Estado.

El Ministerio de Salud (MSP) reconoció que la tasa de gravidez en las niñas de hasta 14 años es elevada al igual que el costo.

La entidad señala que “invertir en prevención costaría desde $ 11 millones a $ 24 millones, mientras que la atención de embarazos en adolescentes representa $ 331 millones debido a las pérdidas sociales, que contribuyen con la reproducción del círculo de la pobreza, inciden en la deserción escolar y postergan los proyectos de vida”.

Jurisdicción nacional
El Art. 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el aborto no será punible si se practica para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer. 

La jurista especializada en derechos humanos, Angélica Porras, indica que el estado de gravidez en la niñez -producto de una violación- pone en riesgo su vida emocional y eso es una razón para permitirlo.

“La legislación castiga a aquellas mujeres que no quieren ser madres (...), pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece claramente que prima la protección de derechos de la vida formada por sobre la que está en formación”, acota Porras. (I) 

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