“La gente tiene el derecho a ser intolerante, ¿saben? En un país libre, la gente tiene derecho a decir cosas que otras personas consideran ofensivas, insultantes o intolerantes”. Así se expresó George Brandis, procurador general de Australia, designado por un representante de la reina Isabel II por recomendación del primer ministro australiano, Tony Abbott.

La frase de George Brandis fue dicha para defender en el Senado su propuesta de reforma a la Ley de Discriminación Racial. El procurador Brandis, la más alta autoridad jurídica en Australia, propuso que en la sección 18C de la Ley de Discriminación Racial (referida a “comportamiento ofensivo en razón de raza, color u origen nacional o étnico”) se reemplacen los términos “ofender, insultar, humillar” por “incitar al odio”.

La modificación había sido una promesa de Tony Abbott, líder del Partido Liberal, quien en campaña ofreció que una vez en el gobierno (a cuyo mando está desde septiembre de 2013) derogaría esa sección de la ley. La propuesta del procurador Brandis implicaba una evidente reducción de la protección a las minorías, dispuesta desde 1975 en la Ley de Discriminación Racial. De allí que Brandis dijera en el Parlamento que era OK ser intolerante con las minorías, que se podía ser verbalmente ofensivo o insultante contra un miembro de alguna de ellas siempre que no se incite al odio. Brandis dejó en claro que ser ofensivo e insultante contra una minoría era, además, un derecho de la “comunidad australiana”.
Una cuestión llamativa de la propuesta del procurador Brandis era que fijaba los “estándares” para juzgar lo que resultara ofensivo, insultante o humillante (aunque nunca en grado suficiente como para incitar al odio racial) en el pensamiento de un “miembro ordinario razonable de la comunidad australiana”, definido “ordinario” por oposición a los distintos “grupos particulares” (o sea, minorías) que puedan existir en la “comunidad australiana”.

En resumidas cuentas, la propuesta de Brandis le restaba protección a las minorías en Australia porque ofensas e insultos contra las minorías prohibidos por la ley dejarían de estarlo, así como desdeñaba de plano su opinión a la hora de determinar responsabilidades, por ser personas “no ordinarias” en la “comunidad australiana”. Esto último, al menos en la visión del procurador Brandis y de sus coidearios en la coalición de los partidos Liberal y National.

El fundamento del procurador Brandis y de sus coidearios de la coalición Liberal-National para la reforma de la Ley de Discriminación Racial era la libertad de expresión. “Esta es una reforma importante y una parte clave de la agenda de libertad del gobierno” puede leerse en los antecedentes de la reforma propuesta, titulada oportunamente ‘Libertad de expresión’ y puesta a circular el 25 de marzo de 2014.

Pero el martes 5 de agosto, el primer ministro Abbott anunció la decisión de su gobierno de no proseguir con estas reformas. Cuando le preguntaron si era una decisión temporal, Abbott respondió: “Se han ido. Han desaparecido”. Las reformas pasaron de importantes a nulas. ¿Las razones para este giro? Una fue que la apelación a una mayor libertad de expresión no persuadió a la población australiana. Las encuestas demostraban que 7 de cada 8 australianos se oponían a la reforma de la ley. No existió apoyo para la reforma por parte de la llamada “comunidad australiana”.

Otra razón fueron las reacciones que provocó la propuesta de ley. El que el propósito de la ley haya sido el reducir la protección a las minorías provocó reacciones en los miembros de grupos minoritarios.

Representantes de las comunidades aborigen, griega, judía, china, árabe, armenia y coreana presionaron en el Parlamento en contra de esta posible reforma.

Ken Wyatt, aborigen australiano y parlamentario de filas del partido del primer ministro Abbott, había anunciado su desobediencia a la disciplina del partido si se proseguía con la discusión de la ley. Las reacciones de los sectores afectados en su nivel de protección no iban sino a complicarse con el paso del tiempo.

El primer ministro Abbott y su equipo habrán presentido un futuro nefasto y cortaron por lo sano. En particular, Abbott quiso evitarse una “complicación innecesaria” (así la denominó en una entrevista radial) con la comunidad musulmana.

Una comentarista del periódico Canberra Times, Mariam Veiszadeh, escribió en un artículo titulado ‘Por qué la intolerancia no es OK, Sr. Brandis’ que a los australianos los debería aterrar el que su máxima autoridad jurídica “parezca más apasionada por la protección de los derechos de los intolerantes que por los derechos de los más marginados de la sociedad”. Frase a la que muy bien podría tomársela como un corolario crítico de un hecho que fue, además, una torpeza argumentativa y un paso en falso para el gobierno que lidera Tony Abbott.