Colectivo social denuncia el robo de arena de las playas de Canoa y San Vicente

En el cantón San Vicente, al norte de la provincia de Manabí, el robo de arena de las playas es una amenaza de dimensiones industriales. A lo largo de la costa de unos 16 Km de extensión, entre la ciudad de San Vicente y el balneario de Canoa, es acelerada la extracción masiva del material pétreo, eso evidenciaría mayor demanda por parte de industrias como la de la construcción.

Para el colectivo ‘Más respeto por nuestra gente, la extracción de arena en la playa es una actividad económica no regulada, que involucra no solo a transportistas que ingresan en horario nocturno para extraer un bien público con el propósito de comercializarlo, sino también a toda "una industria que persiste en prácticas negligentes de construcción  de casas y edificios inseguras".

El perjuicio de esta actividad informal generaría impactos críticos e irreversibles, de no frenarse a tiempo. “Es urgente el control y sanción al robo de arena, por su impacto ecológico, económico y social, y la inmensa vulnerabilidad que crea en las playas y bahías, zonas sensibles y de importancia estratégica” , denuncia el colectivo Más respeto por nuestra gente .

Regular la explotación, uso y movimiento de la arena es competencia del gobierno local, así como precautelar la calidad de vida de la comunidad, señalan los residentes del cantón San Vicente. Al momento son mayores los efectos sociales, conflictividad y violencia por parte de "mafias en tensión por el tráfico y extracción ilegal", el colectivo exige la intervención de las autoridades competentes, conforme al numeral 12 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador.

Además del impacto directo en la costa, el robo de arena de mar alerta sobre el riesgo de prácticas que no se deben usar para la construcción. Después del sismo de abril de 2016, se demostró que la arena es un material que contiene cloruros y otras impurezas que atacan al acero de refuerzo y debilitan la capacidad resistente de las estructuras de concreto.

Para los moradores de la urbanización Miduvi de Canoa, un reasentamiento de unas 100 familias víctimas del terremoto del 16 de abril de 2016, persistir en el uso de arena de mar en la construcción confirma un bajo nivel de aprendizaje de las lecciones del terremoto. “La falta de memoria luego de una catástrofe humanitaria tan reciente nos indigna”, afirma consternado Luis Ayala, presidente de la urbanización Miduvi de Canoa, quien fue parte del grupo de damnificados del sismo, y hoy un activo defensor de los derechos humanos en la zona.

La sobreexplotación de un recurso, que equívocamente es considerado ilimitado, podría generar un impacto irreversible. Tayisiya Teplyuk, moradora de la zona, denuncia a través de su canal de YouTube denominado ‘Punto de vista”, que se estimaría un volumen de unos 67.500 m3 de arena se habría extraído durante el 2020, creó profundas piscinas que difícilmente podrían volver a rellenarse.

El colectivo Más respeto por nuestra gente insta a los actores sociales a dialogar y trazar un plan para resolver la compleja problemática del robo de arena en las playas del cantón San Vicente, la cual presenta riesgos directos e indirectos, entre ellos:

• Afectación a la biodiversidad del ecosistema marino-costero, zona de anidación de tortugas marinas y una prodigiosa avifauna, incluida la garza nocturna de corona amarilla, el tritón, otras aves playeras; el zancudo de cola grande, el buitre negro, el buitre de pavo y el halcón nocturno;
• Impacto económico en actividades vitales para la subsistencia local, incluyendo la pesca artesanal y el turismo;
• Incremento de la vulnerabilidad por la forzada erosión del terreno, al disminuir los sedimentos y provocar mayor desprotección ante los efectos del cambio climático, subida del nivel del mar, aguajes y fenómeno de El Niño;
• Proliferación de prácticas de construcción insegura y peligrosa que debieron erradicarse a partir de las nefastas consecuencias del terremoto.

Entre las propuestas se menciona la remediación del impacto social y ambiental generada por la sobreexplotación del material. También aprobar una ordenanza para regular una actividad muy peligrosa, en  observancia de instrumentos jurídicos previstos en la Constitución, entre ellos el artículo 71 señala que “el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”, así como el artículo 141 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que prevé que el ejercicio de la competencia en materia de explotación de áridos y pétreos se deba observar las limitaciones y procedimientos, así como las regulaciones y especificaciones técnicas contempladas en la ley.