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El preservativo femenino es un “misterio” en farmacias del país

Los métodos anticonceptivos como la T de cobre dificultan la llegada de los espermatozoides al óvulo, con el fin de evitar el embarazo. Los inyectables contienen una hormona que inhibe la ovulación.
Los métodos anticonceptivos como la T de cobre dificultan la llegada de los espermatozoides al óvulo, con el fin de evitar el embarazo. Los inyectables contienen una hormona que inhibe la ovulación.
Foto: Mario Egas / El Telégrafo
11 de julio de 2019 - 00:00 - Redacción Sociedad

La búsqueda de un condón para mujeres en las grandes cadenas de farmacias del país es infructífera. El producto, para este colectivo, escasea en las perchas. Tanto que ciertos farmacéuticos se asombraron cuando se les consultó si lo expenden. Tampoco hay en centros médicos públicos u hospitales.

En los sanatorios aseguran que no tienen mucha demanda. Y su costo, a nivel internacional, es 500% mayor al de los varones (el de ellos se consigue a $1).

Justamente, el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres es una de las mayores preocupaciones universales. Hoy 11 de julio de 2019, en el Día Mundial de la Población, el tema se discute nuevamente.

Doris Romero, coordinadora técnica de ginecología del Hospital Docente de Calderón, explica que no hay aún la idiosincrasia para usar el preservativo femenino.

Otro método que tampoco está disponible fácilmente es el parche. Romero cuenta que su valor económico es mayor, pero puede ser “sustituido con diferentes productos que poseen la misma efectividad (como los inyectables)”.

Pese a esas dificultades, los médicos consideran que actualmente existe mayor acceso a la anticoncepción. En las clínicas públicas, por ejemplo, se eliminó la obligatoriedad de agendar citas subsiguientes y no hay discriminación para personas menores de 18 años (problema que sí se presenta en países de Europa Oriental, Asia Central y el Caribe).

Esto permite que la mujer acuda a una primera consulta en la que recibe asesoramiento sobre planificación.

El especialista define (según los antecedentes patológicos) el método adecuado. En esa misma consulta se le entrega un carné con el que debe acercarse a la farmacia para retirar el anticonceptivo que requiere y, de ser el caso (como un inyectable), se lo administra una enfermera.

En cambio, la píldora del día después, en los centros estatales, se la solicita a través del servicio de Emergencia y, si se trata de una menor de edad, se le brinda una interconsulta en el área de Psicología y también se la envía al sector de planificación familiar.

La directora técnica del Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar (Cemoplaf), Gisella Gavilanes, aclara que los anticonceptivos hormonales, como las pastillas o implantes, provocan ciertos malestares en la mujer: cefalea, vómitos y aumento de peso.

“Lo importante es evaluar si esas complicaciones alteran la vida de las pacientes y de ocurrir eso, se debería optar por otro tipo de sistema”.

Ambas profesionales afirman que se debe hacer una evaluación luego de un uso continuo por tres meses.

La píldora de emergencia

En este año a una joven que intentó comprar en una farmacia la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) se le negó el producto por un tema “moral”. Tras el incidente, que motivó hasta el rechazo del Ministerio de Salud Pública, no se repitió otro caso.

En las principales cadenas farmacéuticas se constató que la PAE se expende, sin restricción de edad, ni exigencia de receta médica. Su precio promedio es de $ 6. El costo de los métodos que representan una protección de entre tres y cinco años, como los implantes subdérmicos, es de $ 145.

En el país, según la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el 38,8% de mujeres emplea implantes subdérmicos; el 19,4%, los inyectables; y el 18,1%, las ligaduras. La cartera de Salud es el principal proveedor de anticonceptivos para el grupo.

Esta encuesta determinó que el 81,4% de mujeres casadas o unidas, entre 15 y 49 años, utiliza algún método anticonceptivo: el 67,2% emplea uno moderno y el 12% el tradicional.

Para Virginia Gómez, directora de Fundación Desafío, es necesaria una mayor educación para que las personas exijan sus derechos enmarcados en el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. (I)

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