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Políticas para garantizar derechos de mujeres y personas LGBTI fueron presentadas en la Asamblea

Políticas para garantizar derechos de mujeres y personas LGBTI fueron presentadas en la Asamblea
24 de abril de 2014 - 17:15

El titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Pabel Muñoz, realizó la presentación de la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014–2017, en la Asamblea Nacional.

La agenda, resultado de la concertación entre el Estado y la sociedad civil, es una herramienta técnico-política que busca efectivizar el cumplimiento de los derechos y la transversalización de la igualdad de género en el Ecuador, a través de la vinculación de las entidades rectoras y ejecutoras.

“En días como estos es cuando vemos que la Constitución vive, que la planificación vive”, afirmó Muñoz y resaltó el enfoque de derechos que guardan tanto la Carta Magna como el Plan Nacional para el Buen Vivir.

“El Plan ya incorpora en sus 12 objetivos, en 73 políticas y en cerca de 200 lineamientos un enfoque de igualdad de género”, explicó.

Para Muñoz, su aplicabilidad podría ayudar a romper con algunos problemas estructurales de la sociedad ecuatoriana, como la transformación de los patrones culturales, la violencia de género, el reconocimiento de las diversidades sexo-genéricas, las brechas entre hombres y mujeres, así como el cambio en las relaciones de poder.

La construcción de la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género contó con la activa participación de organizaciones de mujeres y colectivos LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales); así como con el acompañamiento técnico y metodológico de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

El documento gira en torno a nueve ejes: reproducción y sostenibilidad de la vida; una vida libre de violencia; educación y conocimiento; salud; deporte y recreación; cultura comunicación y arte; producción y empleo; ambiente; y poder y toma de decisiones. Sus políticas serán de obligatoria aplicación y observancia para el sector público y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), para garantizar los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTI.

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