Paola Concha se atrevió a denunciar los padecimientos que vivió, recibiendo un “tratamiento” de “deshomosexualización, desde el  día en que  abrió la puerta de su casa para recibir a la represión.

Contra su voluntad fue recluída y aislada durante días, no la dejaban comer y finalmente fue violada por alguien que trabajaba en la clínica, que no tuvo reparos en considerar que sus acciones podían constituir una “cura”.

Pasó dos años encerrada y cada vez que veía a sus familiares, lo hacía dominada por los sedantes que le administraban sus captores.       

Conoció el encierro porque uno de sus familiares pagó para que  fuera sometida a un proceso de “deshomosexualización” y ahora denuncia la serie de vejaciones que experimentó en la clínica llamada “Puente a la vida”.

Relata que este centro fue clausurado pocos días bajo el argumento de que administraban a sus pacientes medicamentos caducados. Es decir,  el cierre no se produjo por las denuncias de violación a los derechos humanos, explica.

Igual situación vivió “Sandra”,  quien no se atreve a dar su apellido, recluida durante seis meses en un centro clandestino de Guayaquil, donde enfrentó el odio de falsos terapeutas.

“Hasta salir de allí no sabía que para recluirte en un centro de rehabilitación se debe seguir un proceso, ya que   un médico debe constatar que la persona es adicta a alguna sustancia si es que la van a encerrar contra su voluntad; la discriminación y el terror de los padres alienta este negocio”, asegura.

El 70% de las clínicas de “rehabilitación para adicciones” del país presenta información sobre su constitución legal y mecanismos de operación  que contiene contradicciones, vacíos informativos e irregularidades, según reveló, en Quito, un análisis presentado por el Taller Comunicación Mujer y el grupo Artikulación Esporádika    

El documento señala que no se conoce cuáles son las condiciones en las que atienden 161 clínicas (78% del total)  y fue elaborado por los colectivos analizando documentos solicitados  al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).

El informe también revela la situación legal de las 205 clínicas, y afirma que  del total un 54.15% (111) no presenta información alguna al respecto, el 25.36% sí la tiene y está calificada, el 11.71% no lo está y el 5.85% se encuentra obteniendo licencia. Aunque los psiquiatras  que elaboraron el “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” eliminaron la homosexualidad como trastorno mental hace 39 años, en el país se sigue recluyendo a  hombres y mujeres por las decisiones que toman ante su sexualidad.

Cayetana Salao, líder del colectivo Artikulación Esporádika,   que acompaña a Paola en su denuncia, señala que la corrupción e impavidez de estas clínicas ha manchado la estructura estatal.

“Hemos esperado por varios años que se haga justicia, pero los organismos que deberían cerrar estas seudoclínicas que ofrecen revertir nuestra orientación sexual dejan impunes varios casos denunciados”.

El informe revela que de las 205 clínicas investigadas por el colectivo, 27 (13.17%) han sido denunciadas ante el Consep y el MSP.

De las 27,  la Unidad de Procesos Especiales del Consep Pichincha  investigó una sola por los reclamos presentados por los ex pacientes.

Cayetena considera esperanzador el nombramiento de Karina Vance como Ministra de Salud, por su labor previa como activista por los derechos de la comunidad GLBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros).

Espera, en ese sentido,  que se declare esta situación como una “Emergencia en salud”,  para que  las clínicas de rehabilitación puedan ser investigadas.

“Por los medios hemos conocido que la nueva Ministra apoyará a los colectivos y organizaciones sociales que luchan por los derechos de las personas con orientación sexual alternativa, pero hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento con ella. Hemos solicitado audiencia para concretar el apoyo y esperamos que en este mes se lleve a cabo lo  expresado”.

Walter Gómez, director de la Fundación Vida Libre de Guayaquil, considera que debería formarse una veeduría ciudadana, con representantes de colectivos GLBT y del área de salud pública.

Señala que en la ciudad  también se han presentado casos de violaciones de derechos.t

Hasta octubre del 2011, la Dirección de Salud Mental de Guayas registraba 19 centros de rehabilitación para adicciones que contaban con todos los permisos necesarios para funcionar, de un total de 70 que estaban operativos y que según Eva Cevallos, titular del departamento, estaban tramitando sus permisos de operación.