La palabra perdió su valor en el sistema de la democracia

- 23 de febrero de 2019 - 00:00

La simulación se caracteriza por una posición de apariencia, de falsificación de la realidad, de excusa que convence a los incautos, a sabiendas de que están afectados el bien público y la ley.

A la devaluación de la palabra, muchas veces aludida en foros y cónclaves académicos y periodísticos, se une el problema de la seguridad jurídica en el país, que ha puesto en descrédito nuestro sistema democrático que se basa en el respeto irrestricto de la ley por parte de gobernantes y gobernados.

Recuerdo la sentencia de un jurista que decía que si se aplicaran las leyes en Ecuador “viviríamos en el cielo”-porque leyes no nos faltan; más bien tenemos en exceso- o se “caería” el sistema, como expresan nuestros burócratas cuando no desean atender al público.

La razón estriba en que vivimos -salvo excepciones- situaciones de hecho disfrazadas de legalidad, donde el más fuerte manda e inmoviliza al resto, y los débiles -los del Estado llano- tenemos que pagar las consecuencias de decisiones tomadas en las “altas esferas”, aunque nos afecten los bolsillos.

Afrontamos el reino de la arbitrariedad, de la complicidad y de la impunidad que se impone o nos imponen mediante un discurso y actitudes que no valorizan la verdad y la honradez, sino la viveza criolla o la mentira piadosa.

Sociedad permisiva
¿Es la era de la posverdad? ¿Cuál es el origen de este problema secular? Estudios recientes consideran que la incultura de la simulación es la causa principal que explica esta lenta y progresiva “muerte” de la ley y de la legalidad.

Incultura, en el sentido que es un antivalor o un conjunto de antivalores que impregnan los comportamientos individuales y sociales, donde prevalecen los elementos permisivos.

Y una sociedad permisiva se vuelve paradójicamente intolerante, porque a la ley y a la autoridad cada vez la gente les cree menos, y sobre todo, porque algunos delitos han quedado impunes.

La simulación se caracteriza por una posición de apariencia, de falsificación de la realidad, de excusa que convence a sabiendas de que está afectado el bien público, el espíritu y la letra de la ley, e incluso la palabra empeñada.

La incultura de la simulación es la matriz del famoso regateo, que se presenta en la política, en la economía y en toda negociación no tan honrosa, en la que prevalecen la viveza criolla, la ventaja, la medida de hecho, el chantaje y, por supuesto, la inobservancia de las leyes en nombre de acuerdos donde el Estado y la sociedad son los grandes perdedores.

Democracia y resistencia
La gente de bien tiene derecho a la resistencia, que es una figura constitucional ante un derecho denegado o una garantía perdida. No se ha reglamentado aún sobre cómo resistir ante un atentado al Estado de derecho, o la inculcación de una garantía. El sistema de justicia, en teoría, sería el llamado a resolver estos desencuentros, mas no el paro o la huelga.

¿Se trata, entonces, de “sensibilizar” a las autoridades de turno para que atiendan tal o cual obra, suban los sueldos o solucionen un problema emergente, mediante una resistencia activa o pasiva, llámese plantón o algo por el estilo, como último recurso de los ciudadanos?

Se sabe que movilizaciones -en esta democracia imperfecta- se han enraizado en nuestro escenario social, económico y político. Y hay, por supuesto, líderes que han pescado y siguen pescando a río revuelto, especialmente en períodos preelectorales, cuando ciertos medios han prestado gratuitamente sus pantallas y espacios para que difundan sus proclamas demagógicas.

Esto en la parte formal; en lo de fondo, es preocupante -por decir lo menos- la actitud del Estado y de ciertas instancias de los gobiernos que, ante las presiones y las amenazas, ceden posiciones y firman acuerdos con los “alzados”, inclusive, con la presencia de representantes de organismos internacionales, como sucedió en el caso del levantamiento de las provincias amazónicas.

Y sigue la cuenta. Se ha comprobado que el negocio del transporte público es lucrativo. ¿Qué está pasando con el Estado que para lograr acuerdos con grupos de presión perjudica a sus ciudadanos? ¿Qué representatividad tiene la ciudadanía en la negociación de estos acuerdos, que atentan contra nuestros bolsillos?

La democracia y la ciudadanía son dos aspectos de un mismo modelo: el respeto de la dignidad humana.

Ya suenan los claros
Y la fiesta electoral -perdón, de la simulación- ha comenzado. Se anuncian los candidatos y candidatas, con sus mensajes y promesas. La sociedad del desperdicio se ha puesto nuevamente en movimiento en espera de un gol olímpico de impacto político. Es decir, la incultura de la simulación al estado puro, con dinero, claro, de los ciudadanos.

La lucha contra la simulación -que es el deporte nacional- no es nada fácil. Porque la simulación es pariente cercana de la corrupción.

Pero hay que dar un paso firme. No a la simulación. No al “gato encerrado”. Juguemos limpio. Respetemos las leyes y en primer lugar al ser humano y sus necesidades esenciales. Formemos veedurías ciudadanas.

Que se transparenten los presupuestos y las decisiones. Y desmontemos el método que prepara simuladores “a millares surgir” -la “educación chatarra”- que llena de publicidad engañosa las paredes, los postes de energía, con caras sonrientes y símbolos de optimismo artificial, y los mensajes libres que saturan los espacios con contaminación visual, llenos de cuñas, spots, memes y artilugios en las redes.

Ya es hora de que el período electoral deje de ser espectáculo, show, mercadeo de rancias actitudes donde el juego perverso de la simulación y las cortinas de humo compitan con la verdad, el respeto al prójimo y a la urbanidad. Y que se restaure el valor de la palabra. La educación para la democracia es la alternativa. (O)

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