Padres encaran al microtráfico en planteles
Una ligera llovizna cae en el norte de Quito a las 18:00. Pero eso no es impedimento para que 40 padres de familia se trasladen desde sus casas y trabajos hasta los exteriores del colegio Manuela Cañizares.
Ellos son parte de la Brigada de Seguridad de la institución. Su función consiste en proteger a sus 1.500 alumnos (de octavo, noveno y décimo de educación básica) a la salida del plantel.
Jaqueline Simbaña, madre de familia, es la encargada de organizar a los representantes estudiantiles. Cada vez que el papá o la mamá de un alumno llegan, ella registra su asistencia en una lista donde constan los nombres de todos los del octavo B, de la jornada vespertina.
El rector del plantel, William Rosero, recuerda que desde 2014, el colegio cuenta con padres brigadistas. La función principal del grupo solo era ayudar en el tránsito a la entrada y salida.
El transporte escolar no es parte de los servicios de la unidad académica, los buses (40 líneas en funcionamiento), por ello se parquean en las calles aledañas al plantel. Los chicos caminan de una a tres cuadras para tomarlos.
Desde este año lectivo, los miembros de la brigada vigilan la seguridad integral de los jóvenes. Justamente, el Ministerio de Educación puso en marcha el programa ‘Misión Educación, cero drogas’, el cual busca la erradicación del consumo de estupefacientes en los establecimientos, a través del involucramiento de las autoridades, los estudiantes, los docentes y los padres de familia.
En la actualidad, el programa está en su segunda etapa (la de organización). Las brigadas ya están conformadas y ejecutan su trabajo. Esta fase también contempla la participación de los consejos estudiantiles, que deberán incorporar actividades de prevención del consumo de drogas en su planificación anual.
Los alumnos elaborarán después proyectos de prevención para mejorar la convivencia.
En los próximos días, según las autoridades estatales, las brigadas conformadas a escala nacional recibirán capacitaciones en temas de consumo de drogas. La Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública serán los talleristas.
Narcisa Tamayo, tía de la alumna Rosana Tipán, llega apresurada al Manuela Cañizares, porque a las 18:15, en cinco minutos, sonará el timbre de salida.
La mujer de 32 años da el nombre de su sobrina a Simbaña para que ella coloque el visto en la lista de asistencia. Inmediatamente recibe un chaleco reflector anaranjado.
Tamayo se pone la prenda encima de su uniforme de cajera y se dirige hasta la parada del sistema de transporte Ecovía, que lleva el mismo nombre del colegio.
En ese punto aguarda José Chinachi, hermano mayor del estudiante Matías. Hace cuatro años sus padres se separaron y su mamá se quedó a cargo de dos menores de edad y José, de 23.
José ayuda con las responsabilidades escolares de sus hermanos, mientras la mamá trabaja: asiste a las reuniones del colegio, controla las tareas y cocina el almuerzo para la familia.
Simbaña aclara que ser brigadista es una actividad voluntaria, sin embargo, todos los representantes tienen la obligación de preocuparse por el bienestar de sus hijos. “Si el papá no puede, viene el hermano, la tía, el vecino, pero siempre tenemos brigadistas disponibles para ayudar”.
A las 19:20 ningún estudiante del Manuela deambula por las calles aledañas al plantel. Los padres de familia se reúnen, comentan las novedades y entregan los chalecos. Al final de la jornada acuerdan que mañana volverán a su vigilia.
La situación en el país
Según la Encuesta de la Niñez y Adolescencia, el 46% del colectivo que tiene entre 12 y 17 años considera que hay drogas dentro del plantel.
Asimismo, el informe revela que el 48% de los adolescentes aseguró que se expenden alcaloides en los alrededores de los centros educativos. El 54% de los casos se da en la zona urbana.
El secretario técnico de Drogas, Rodrigo Suárez, explica que se identificaron y priorizaron las zonas de acción en nueve circuitos: cuatro en Quito y cinco en Guayaquil. Solo en esta última ciudad, en el segundo semestre de 2015, se reportaron 1.225 casos de consumo de drogas en nueve centros públicos de salud.
Por su parte, Augusto Espinosa, ministro de Educación, durante el lanzamiento del programa en Canoa, Manabí, precisó que 155.000 padres y madres de familia se inscribieron voluntariamente para ser parte de la iniciativa. “Ellos cuidan el entorno del plantel educativo, tanto a la entrada como a la salida, y dan a conocer a las autoridades respectivas alguna actividad irregular”. La cartera de Estado implementó departamentos de consejería estudiantil (DECE) en los planteles con más de 900 estudiantes.
El objetivo, de acuerdo con las autoridades, es que los profesionales brinden atención a los chicos que atraviesan algún problema. En este mes se lanzó un concurso de méritos y oposición para que los consejeros estudiantiles cuenten con nombramiento. (I)
