Expertos de las Naciones Unidas (ONU) en temas de afrodescendientes visitaron Ecuador esta semana y observaron afectaciones a los derechos humanos de estas poblaciones.

Según Ahmeid Reid, representante del grupo, en sus contactos pudieron determinar que existe una legislación que promueve la no discriminación racial. Incluso hay sanciones penales por delitos de odio, mas no se ha logrado aplicarlas de forma correcta y en todo ámbito.

Los expertos evidenciaron que la población “afro” es la que menos acceso a educación tiene. Por ende, hay menores probabilidades de mejorar sus condiciones de vida.

“No tienen acceso a los servicios básicos, ni al seguro social, ni a la tierra”, mencionó Reid.

De acuerdo con el censo de 2010, la población afroecuatoriana representa el 7,2% del total de habitantes del Ecuador, siendo la provincia de Esmeraldas la de mayor concentración, con 68,25%.

Precisamente este espacio geográfico, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es una de las provincias más pobres y excluidas. Aquí el 84,6% de  los pobladores vive por debajo del umbral de pobreza.

Además, el 15,3% es analfabeto y solo el 23% tiene acceso a servicios básicos.

Según datos oficiales, la “provincia verde” presenta los índices más altos de muerte materna y de violencia de género.

El informe preliminar reconoció que existen acciones afirmativas para que los afroecuatorianos accedan a la educación superior; mas afirma que no lo hacen por la baja calidad de la enseñanza primaria y secundaria.

Pidió que el Estado no sea indiferente a la afectación ambiental de las mineras en territorios comunales.

En el caso de la empresa Furukawa, que mantiene relaciones de esclavitud con sus empleados, solicitó la aplicación de las acciones sugeridas por la Defensoría del Pueblo, como la entrega de becas de estudio.

“Es solo uno de los pedidos que se hace por tanto atropello sufrido”, dijo la afroecuatoriana Ofelia Larco. (I)