Miembros de las etnias sienten discriminación

Insultos, humillación y maltratos por el color de piel o la forma de vestir son parte de la realidad que afronta el pueblo afrodescendiente e indígena del Ecuador, en el siglo XXI.

La discriminación, según los consultados de las diversas etnias, está presente en la vida diaria, aunque no lo digan.

Sin embargo, el presidente del naciente Consejo de Igualdad para los Pueblos y Nacionalidades, Rodrigo Collaguazo, asegura que el avance más significativo es el reconocimiento del Estado plurinacional e intercultural.

Aunque -añade- la sociedad en su conjunto sigue teniendo expresiones racistas. “En la práctica no se nos mira con iguales derechos, es como si debiéramos estar en un cuarto aparte, porque la discriminación es un estado mental que se expresa materialmente en todos los campos”.

Collaguazo insiste en la necesidad de que el Estado incorpore las diferentes cosmovisiones étnicas. “Se requiere una participación visible de todos los pueblos del Ecuador en los espacios de decisión y protección. Ahí hay una meta hacia la cual debemos avanzar”.

El dirigente precisó que las grandes preocupaciones del sector mestizo, indígena y afro están relacionadas con educación, revolución agraria, construcción del poder económico desde las comunidades, la participación política y la unidad en la diversidad.

La realidad que experimentan los afroecuatorianos

Alodia Borja, coordinadora de la mesa del decenio Afro, considera que su pueblo (7,2% de la población) ha sido más afectado por temas de discriminación. “No tenemos una institución que nos ayude en estos casos. Nos sentimos desprotegidos, somos identificables”.

Precisa que los únicos casos que han logrado llegar hasta la justicia  han sido gracias a denuncias que se conocieron en la mesa Afro fiscalía de Pichincha. “En el resto de provincias no hay conocimiento público de las discriminaciones y menos un ente estatal que esté abierto a luchar por casos de racismo (...)”.

Borja indica que una demanda en indagación tiene relación a un supuesto delito de odio interpuesto por tres policías, uno de Santo Domingo de los Tsáchilas, otro de Quito y el restante de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas.

La representante del pueblo afro considera que el no acceder a la misma oportunidad de educación, o a cargos públicos y participación política es otra forma de exclusión.

“En educación básica hay mayor acceso, pero los jóvenes de los sectores periféricos no tienen los mismos conocimientos para cursar bachillerato y la universidad. Por eso sus opciones de llegar a la formación superior disminuyen”.

Primera sanción por odio racial

El caso más sonado se dio en 2016. Por primera vez, la justicia ecuatoriana sancionó con cinco meses y 24 días de prisión por delito de odio racial al teniente Fernando E., quien en 2011 fue instructor en la Escuela Militar Eloy Alfaro (Esmil).

La pena se registró tras comprobarse el delito de odio racial contra el excadete afroecuatoriano Michael Arce, quien según testigos recibió maltratos verbales y físicos.

Por ese hostigamiento, Arce renunció a la disciplina militar, luego de tres meses en la Esmil; y recurrió a las leyes ecuatorianas.

La justicia determinó que la Esmil debe ofrecer disculpas públicas al excadete, algo que hasta el momento no se cumple.

La situación del pueblo indígena

El dirigente indígena Francisco Buñay, quien es concejal del cantón Alausí (provincia de Chimborazo), cuenta que su sector antes era considerado un pueblo solo de utilidad para el campo. A este - dice- se le daban las tierras menos fértiles; pero hoy la segregación está relacionada con la participación en las políticas de Estado.

Dice que el indígena -7% de la población- actualmente no es considerado sujeto de crédito para ser  empresario. “Los espacios para arrendar o los préstamos para nuevos negocios aún son muy restrictivos, porque creen que la gente indígena solo debe estar en el campo”.

Reconoce que en el aspecto educativo existe un avance sobre todo a nivel público por la apertura a la formación de una mayor cantidad de indígenas; pero insiste en que la representación que se ha dado a nivel del poder Legislativo aún es muy reducida.

Buñay sugiere que es necesario  que quienes posean el poder de decisión en organismos provinciales sean los residentes de estos sectores.  Además que tengan trayectoria. “Que suplan a los funcionarios que legislan desde los escritorios y sin ningún conocimiento de la realidad de los pueblos”.

Los montuvios se sienten menos excluidos en el país

Para Marco Calderón, presidente de la Federación de organizaciones montuvias del Ecuador (Fedomec), su pueblo (7,4% de los ecuatorianos), es el menos discriminado por su gran parecido con el mestizo, que le permite confundirse con éste.

Pero confiesa que la segregación que ha sufrido este pueblo ha estado relacionada con la utilización de la palabra montuvio como sinónimo de ignorante y semisalvaje.  
  “Esto cambió en la Constitución que nos obligó a visibilizarnos y a entender el significado de ser montuvio y nuestra trascendencia”.

Calderón recalca que hoy el montuvio asume su condición con orgullo. “Somos los que garantizamos la soberanía alimentaria en la Costa”.

El diccionario de la Real Academia  estableció en 2015 la definición de montubio como arisco y de modales rudos; mientras que la misma palabra con v se refiere al hombre campesino de la Costa. (I).