Madrid.- Fueron tres largos días de debates, testimonios estremecedores y presencias relevantes, que   concluyeron con la promesa de más países de caminar hacia la abolición.

El V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte ha dejado un buen sabor de boca a sus organizadores, pese a la ausencia de los países clave: China, Irán y Estados Unidos.

Para el portavoz de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, Kevin Miguel Rivera, este encuentro fue una plataforma “para educar a otros” y a ellos mismos, donde lo más positivo “es la riqueza de compartir opiniones” sobre un tema tan controvertido como la pena capital.

“Aunque quizá sea el primer pensamiento que se te pase por la cabeza, no podemos argumentar que si alguien está a favor de la pena de muerte es también un asesino”, reconoce y precisa que “tenemos que estudiar más y dar más alternativas”.

Rivera, abogado puertorriqueño, contó que el hecho de que España, Francia, Suiza y Noruega patrocinaran el congreso fue “una gran oportunidad para cambiar la mentalidad de otros países”. Reclamó que los Estados que puedan “llevar la voz cantante” en la abolición lo hagan “de forma más intensa”.

Para Ariane Gresillon, directora adjunta del congreso, la presencia de “ministros, líderes políticos, sociedad civil, medios, juristas y las ONG” provocó el éxito de que países “retencionistas” se acercaran a la postura abolicionista.

Debido a la ausencia de representantes de algunos de los países más ejecutores del mundo, como China, Irán y EE.UU., Gresillon explicó que es difícil que participaran e hizo hincapié en que el debate de la abolición está ahora mismo en el norte de África. “En África del Norte hay una discusión, se forman o asociaciones abolicionistas, los ministros vienen y podemos compartir opiniones, quizá no de abolición, pero sí de progresión”, argumentó.

Así, Rivera precisó que debería sorprender mucho que EE.UU. no prohíba la pena de muerte y que incluso intente aplicarla de forma federal en estados abolicionistas. Asimismo, apuntó  que el problema principal con China es la falta de información ya que no hay datos sobre las ejecuciones y que ni “los familiares se enteran de las ejecuciones”.

El abogado puertorriqueño considera que con la cantidad de personas que hay en China  sería de esperar que sean los primeros ejecutores del mundo; luego estaría Irán entre los persas “y unos cuantos más” se encontrarían en EE.UU. “Nos duele. Yo esperaría que igual que se entendió que la esclavitud era una violación grave de los derechos humanos, se entienda que la pena de muerte también lo es”, aseguró.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) tampoco se perdieron esta oportunidad para denunciar la situación en los diferentes países “retencionistas” de la pena capital. Así, Amnistía Internacional, Comisión por la Paz o la Fundación Baltasar Garzón se desplegaron en el recinto y compartieron protagonismo con otras más pequeñas y menos conocidas, como Taiwan Alliance, World Coalition y Salva a Anthony Mungin.

Esta última hace dos décadas informa  sobre la situación de Anthony, un afroamericano estadounidense que permanece desde 1993 en el corredor de la muerte en Florida por un crimen que él se declara inocente.