El maltrato físico hacia los niños y adolescentes alcanza el 47%

- 21 de junio de 2018 - 00:00
En el Colegio Mejia se forman 5.700 alumnos en tres jornadas. Ayer, un grupo realizó protestas y desmanes para exigir la reincorporación total de Jose C.
Foto: Marco Salgado / El Telégrafo

La naturalización de la violencia hacia los menores está en debate en el país. El estudio “Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad”, realizado por Unicef en 2016, registró la disminución de esta práctica.

En Ecuador el 47% de los niños, niñas y adolescentes han recibido -por parte de sus progenitores- algún tipo de maltrato físico. De esa cifra, el 48% vivió castigos extremos (golpes, encierros, baños en agua fría y privación del alimento).

Las cifras son de la Encuesta de la Niñez y Adolescencia en el Marco de la Intergeneracionalidad (ENAI). Aunque el levantamiento de  la información corresponde a 2016, los datos siguen latentes, sostiene la ministra de Inclusión Económica y Social (MIES), Berenice Cordero.

¿La razón? Las recientes manifestaciones de apoyo de los padres de familia a José C., inspector del Instituto Nacional Mejía, quien golpeó con un palo a siete estudiantes del primer año de bachillerato de esa institución.

La funcionaria sostiene que la violencia es cultural, se trasmite de generación en generación, y es un patrón naturalizado en la cotidianidad de los ecuatorianos.

“Muchos padres felicitan el accionar del profesor, y exestudiantes aseguran que se convirtieron en hombres de bien gracias a sus prácticas”.

Desde que se conoció el caso se han realizado varias acciones en respaldo del docente. El miércoles 20 de junio un grupo de alumnos protestó y generó desmanes en las afueras del colegio exigiendo la reincorporación total de José C.

Un contingente de la Policía Nacional intervino para que los estudiantes se dispersaran. Las clases fueron suspendidas y hasta el cierre de esta edición se conoció que un alumno fue detenido y ocho agentes fueron heridos.

María Augusta Montalvo, subsecretaria de Educación del Distrito, informó el martes último que el docente realiza labores administrativas dentro del mismo plantel, ubicado en el sector centro norte de la urbe.

La medida se tomó, según Montalvo, para que él no estuviera vinculado con la parte pedagógica o académica. Es decir, no tuviera contacto con los estudiantes. Además, mientras duren las investigaciones a cargo del Ministerio de Educación (MinEduc), él está bajo la vigilancia del rector.

Guillermo del Hierro, rector del centro escolar, manifestó que, en la actualidad, el maestro que labora en esa institución hace 20 años está vinculado a la Secretaría de Participación Estudiantil. Las nuevas funciones que mantiene José C. no son de agrado de los padres de familia.

Luisa Llanos, madre de Juan Carlos, un alumno de primero de bachillerato, participó en las muestras de respaldo hacia el docente.

La mujer, de 51 años, y madre de cinco hombres (tres de ellos graduados en el Mejía), sostiene que el docente investigado ha hecho las funciones de padre, pues “les ha corregido para que no cometan errores”.

Con esto concuerda Dolores Caiza, otra progenitora. Cita la Biblia. Proverbios 13:24: “El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia”, dice la mujer que labora como comerciante.

Cordero asegura que lo que pasa en el sistema escolar es un reflejo de lo que sucede en el hogar y en la sociedad.

Agrega que no se puede permitir la defensa de patrones que reproducen la violencia. En lo que va del actual año lectivo de la Sierra- Amazonía se han registrado 85 casos de violencia física y psicológica. 75 ocurrieron en unidades educativas fiscales y  corresponden a agresiones físicas, las otras 10 se dieron en centros municipales, fiscomisionales y particulares. La cifra la da Montalvo.

Para Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII), las reacciones de la comunidad educativa del Colegio Mejía son una muestra evidente de que en el país se sigue naturalizando la violencia.

Las sanciones en casos de maltrato
El MinEduc establece que las sanciones en casos de violencia van desde la suspensión de entre 15 y 70 días hasta la destitución del cargo.

En la actualidad hay 55 docentes que tienen una sanción de suspensión. Eso implica que, luego de cumplirla, volverán a sus funciones como docentes. El estudio Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad de Unicef (2016) evidencia una disminución en cuanto a la violencia.

En el 2000, el 10% de los chicos afirmó haber recibido golpes por parte de sus profesores, mientras que en 2015 la cifra de alumnos en esta circunstancia fue 7%. (I)

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