Las desigualdades entre un Norte que se desarrolló durante más de un siglo sin cuidar el medio ambiente y un Sur que reclama apoyo financiero y tecnológico para hacerlo de manera sostenible siguen siendo uno de los principales obstáculos en las negociaciones del clima de París.

Los representantes de 195 países tienen hasta el 11 de diciembre para realizar la titánica tarea de poner de acuerdo intereses divergentes de grandes potencias, como Estados Unidos, la Unión Europea y China, con los de economías emergentes -grandes o pequeñas- y diminutos estados insulares amenazados de desaparición.

“Hay avances desiguales”, manifestó a la prensa Alden Meyer, de la ONG Union of Concerned Scientists, que sigue las negociaciones climáticas hace décadas. “La cuestión del financiamiento (Norte-Sur) sigue siendo claramente el principal obstáculo”.

Hace más de 25 años que la disputa de cómo repartir la responsabilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de ayudar a los países más vulnerables bloquea las negociaciones.

DATOS

Las 195 naciones de la conferencia tienen oficialmente hasta el viernes 11 de diciembre para alcanzar un acuerdo.

Para que la lucha contra el calentamiento del planeta tenga éxito, el texto de París debe contener compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y de transición energética, de fuentes de energía fósiles a renovables, de aquí a mediados de siglo.

Los objetivos deben ser claros y verificables, los países ricos deben estar dispuestos a transferir dinero y tecnología a los países en vías de desarrollo, y todos tienen que estar dispuestos a aceptar métodos de control mutuo.

Queda además pendiente definir qué partes de este acuerdo, que debe ser aprobado unánimemente, son jurídicamente vinculantes.Según un negociador europeo, tras el inicial espaldarazo de 150 jefes de Estado y Gobierno el lunes pasado, las reuniones volvieron a un ritmo “muy lento”. “Hay una creciente frustración, cada cual se está aferrando a sus posiciones lo más posible”.

Un informe de la organización de lucha contra la pobreza Oxfam reveló que el 10% de la población más rica del planeta genera la mitad de las emisiones de combustibles fósiles causantes del calentamiento global, mientras que la mitad más pobre contribuye con el 10%.

Esa desigualdad une a países en desarrollo -grandes y pequeños, desde India hasta Nicaragua- que siguen empujando por una “diferenciación” a la hora de reducir las emisiones de CO2 y convertirse a la economía verde.

Al igual que Venezuela, Nicaragua se abstuvo de presentar su plan de acción nacional de reducción de emisión de gases responsables del cambio climático como ya lo hicieron más de 183 países sobre un total de 195.

El canciller francés, Laurent Fabius, quien preside la COP21, reconoció que los conceptos de “justicia climática” y  “responsabilidad histórica” de los principales emisores que ya construyeron su prosperidad son argumentos recurrentes en las conversaciones.

Algunos consideran que un desbloqueo importante en ese rubro durante la recta final de negociaciones la semana próxima podrá ser el catalizador de un acuerdo. “El financiamiento podría ser el acelerador que nos va a llevar a la línea de llegada”, dijo Harjeet Singh de la ONG ActionAid.

Hace 5 años está sobre mesa que para 2020 el Norte financie la reconversión al desarrollo sostenible del Sur con $ 100.000 millones anuales.

En 2010 en Cancún se apuntaló esa iniciativa mediante la creación de un fondo verde, que este año comenzó, por ejemplo, a financiar dos proyectos en América Latina, uno en la Amazonía peruana y otro del BID en la región con una fase piloto en México.

¿Adónde va el dinero?

Además de los montos, en París se discute la forma como se canalizarán mediante mecanismos transparentes para evitar que aterricen en bolsillos equivocados.

“El financiamiento es dinero, pero también es importante mirarlo como un proceso, como un rompecabezas que requiere elementos importantes para que funcione de manera efectiva”, comentó Andrea Rodríguez Osuna, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA).

Reducción de la exclusión social, transparencia, construcción de capacidades y sobre todo el involucramiento de la sociedad civil en el monitoreo de los programas verdes son partes fundamentales de ese rompecabezas.

Según Sandra Guzmán, coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (Gflac), la medición, reporte y verificación (MRV) es esencial “pues de ello depende conocer la cantidad exacta de recursos que se promete, se transfiere, se asigna y, sobre todo la forma como este recurso se utiliza, para garantizar que el financiamiento cumpla con los objetivos de mitigación y adaptación”.

Antes de partir de París, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aceptó la posibilidad de que el acuerdo permita a otros estados verificar si cumplen o no los compromisos en la reducción de gases contaminantes.

La declaración generó un impulso en los negociadores y un ambiente de optimismo. Sobre todo porque otro de los nudos críticos es si el acuerdo será o no vinculante, como lo piden Francia y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.

Estados Unidos era reacio a aceptar un tratado vinculante porque su Congreso, dominado por los republicanos, está en contra de cualquier iniciativa de este tipo por considerar que afectará la economía. Por esta causa Washington nunca ratificó el Protocolo de Kioto.

Ayer, por ejemplo, la mayoría republicana de la Cámara Baja aprobó una ley que tumba la iniciativa de Obama de disminuir las emisiones de CO2. El mandatario ya anunció que vetará la norma, pero deja en evidencia su escaso poder de maniobra. (I)