Los colegiales afectados por las drogas estudian en sus casas

Roxana, de contextura delgada y ojos negros, llega a su casa en Mucho Lote (Guayaquil) en una bicicleta. Su mamá y 3 de sus hermanas la esperan en la sala de la casa. Es su cuarto día en el puerto principal.

La joven hasta hace poco residía en Quito, en la Casa de Acogida Pumamaqui, donde permanecen los adolescentes en situación de vulnerabilidad. En el lugar, durante 9 meses, recibió un tratamiento contra el consumo de drogas.

Hoy tiene 18 años y terminó allí tras dos procesos de desintoxicación. Su última recaída fue en diciembre de 2015, cuando raspó una tiza blanca para inhalarla. No recuerda más.

Pero su historia con las drogas comenzó cuando cursaba el décimo año de básica, en un plantel público. Tenía 15 años cuando probó la droga conocida como ‘H’. Un amigo del curso se la regaló.

Inició con un pase (dosis) al mes. “Me sentía fuerte, activa, quería hacer mil cosas a la vez, pero se me pasaba luego”. Transcurrieron dos años. Pedía dinero en la calle y vendía sus cosas para comprarla.

Estaba muy delgada, tenía ojeras, no comía y vomitaba cuando inhalaba. Tuvo que confesárselo a su abuela, a sus hermanas y a su mamá. “Mis amigos tenían manchas en la cara y las narices con sangre. No quería eso. Todos tenemos derecho a cambiar”.

Casa de acogida es el aula

Para Roxana, las clases se trasladaron del colegio al centro de desintoxicación. Desde el primer mes que ingresó a la casa de acogida recibió clases de Matemática, Química y Lenguaje, de lunes a jueves, por 3 horas, junto a otras internas.   

El colegio enviaba por correo electrónico las clases y los cuestionarios. Estaba asistiendo a una clase en la que ya no había drogas, en donde se reía sanamente con sus compañeras y se preocupaba por sus tareas. “No se me hizo complicado estudiar, al contrario, me puse contenta”.  

Roxana, quien se comprometió a salir del consumo, pasó al primer año de bachillerato sin problemas. Como ella, otras adolescentes están en el programa de clases asistidas. Las instituciones educativas están obligadas a brindar esta opción académica.

Karina Villacís, administradora de los departamentos de consejería estudiantil  (DECE) de la zona 8 del Ministerio de Educación, en donde participan 64 planteles, explica que el objetivo de esta medida socioeducativa es evitar la deserción escolar.

Un estudiante accede a las clases asistidas cuando los ministerios de Salud y de Educación concluyen que el ambiente escolar no ayuda a su recuperación integral.

“Cuando consume droga esporádicamente, el psicólogo sugiere que se le den 15 días de clases asistida, y cuando ya es dependiente el período es extenso”.

¿Cómo funcionan las clases?

El vicerrector de la jornada vespertina del Vicente Rocafuerte, Óscar Mejía, indica que los representantes de los alumnos deben entregar un informe que certifique que  el joven entró a un plan de recuperación. Posteriormente, la autoridad del plantel envía a los docentes el listado de estudiantes que entran al programa de clases asistidas.

Los profesores -añade- entregan al DECE información de la materia y un cuestionario para que el alumno lo resuelva.  

Cuando tienen dudas sobre la asignatura se ponen en contacto con el maestro mediante correo o vía Skype.  Además -dice- hay un registro de la entrega y recepción de las tareas a los padres de familia. “En todo el proceso de recuperación se los asiste. Queremos que se recuperen sin descuidar lo académico”.

Custodio de su hijo

Cuando llegan las evaluaciones, Ángela está más atenta que de costumbre con su hijastro, Luis, quien toma clases asistidas. “No puedo dejarlo solo ni un minuto”.

Ella lo acompaña al salón y a la biblioteca a rendir las pruebas. “Si va al baño también lo sigo. Tengo que evitar que algún compañero se le acerque y le venda un pase”.

Hace 4 semanas  Luis, de 15 años, recayó luego de que una compañera le facilitara droga. El adolescente  combina sus estudios con el trabajo comunitario y las tareas que le envían desde el colegio.

Según la encuesta de la Niñez y Adolescencia de Intergeneracionalidad, el 24% del grupo que tiene entre 12 y 17 años respondió haber visto a algún estudiante que vende o pasa droga.

Para Mejía, el éxito del programa dependerá del compromiso del padre de familia. En la puerta del plantel se controla que el estudiante que acude a dar una prueba lo haga en compañía de su representante. “Si viene solo, no lo dejamos entrar”.

En el establecimiento existen casos de jóvenes que están en el programa. Hay estudiantes que comparten su experiencia en el lunes cívico. “Estos testimonios ayudan a evitar que caigan en el consumo” los otros estudiantes. Roxana, quien decidió salir de las drogas, pronto tomará clases presenciales en la institución luego de su recuperación. (I)

Adolescentes en recuperación  juran la bandera

Marlene y su hijo Johan, de 16 años, caminan apresurados  para llegar a los ensayos del juramento a la bandera. Los estudiantes practican en los patios del colegio Vicente Rocafuerte, en Guayaquil.

El 26 de septiembre se desarrollará la ceremonia en las instituciones del régimen Costa. El adolescente está en el programa de casos vulnerables por consumo de drogas. Asiste al plantel solo cuando hay una evaluación.

Hay más estudiantes en la misma condición que participan en los ensayos.

Joffre, de 16 años, cursa el último año de colegio, y tiene el mismo problema.

Su madre, María, cuenta que hace un año él cayó en el vicio de las drogas. Por ese motivo dejó de ir a la unidad e inició el proceso de rehabilitación.

Estuvo en terapias particulares en el Instituto de Neurociencias, pero por falta  de dinero para las consultas y las medicinas no regresó.  

“Él se puso gordito y ya estaba más tranquilo. Pensé que ya podía regresar y así fue, pero recayó en el consumo”.

Ante ese inconveniente debió incorporarlo a clases asistidas. Las ocasiones en que recoge las tareas presenta un informe en el que certifica que su hijo se encuentra en estado de vulnerabilidad. “Él me expresó que quiere jurar la bandera con todos sus compañeros. Sé que ese día tendré que estar detrás de él para vigilarlo. Tengo miedo de lo que encuentre, pero dependerá de él echar a perder todo lo que ha logrado”. (I)

Datos

Según la Encuesta de la Niñez y Adolescencia, el 46% del colectivo que tiene entre 12 y 17 años considera que hay drogas dentro del plantel.   

El informe revela que el 48% de los adolescentes aseguró que se expenden alcaloides en los alrededores de los centros educativos. El 54% de los casos se da en la zona urbana.

En 9 centros  públicos de salud de Guayaquil se reportaron 1.225 casos de consumo de drogas (en el segundo trimestre de 2015).

471 menores de edad con problemas de consumo de sustancias acudieron a cuatro centros de salud pública en julio.

Los Departamentos de Consejería Estudiantil fueron implementados en colegios que tienen más de 900 estudiantes.