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El Telégrafo
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Los afrodescendientes son aún víctimas de la extrema marginación

Los afrodescendientes son aún víctimas de la extrema marginación
05 de mayo de 2012 - 00:00

Esta semana, los miembros de la Asamblea Nacional trataron en primer debate la Ley Orgánica de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano.                  

Las problemáticas sociales que afronta este pueblo del Ecuador fueron reflejadas en un informe preparado por la  Comisión de Derechos Colectivos.                        

El documento retrata la situación de vulnerabilidad en la que vive este segmento del país, formado por 1’042.812 personas.

Basándose en las cifras de la Encuesta sobre las condiciones de vida del 2006 y en los datos del censo realizado en el 2010, el informe detalla que en comparación con el resto de la sociedad ecuatoriana se registran entre esta población bajos indicadores en cuanto a salud, educación, empleo, servicios básicos e infraestructura pública, que revelan una situación de exclusión.        

Los afroecuatorianos mantienen el nivel de desempleo más alto del país, con un 12% más que el promedio nacional, que actualmente se sitúa en el 4.9%, entre la población económicamente activa.  

Este grupo es el segundo más bajo en la obtención del ingreso per cápita. También registran las tasas más bajas del país en asistencia escolar, secundaria, universitaria y postgrado.         

Según el informe, los índices reflejan las grandes asimetrías sociales que se traducen en la desigualdad y la exclusión permanente del pueblo afrodescendiente, cuyas raíces provienen  desde la época de la esclavitud, en la colonia.                          

Un estudio realizado por el Archivo Histórico del Guayas y el Ministerio de Cultura recoge las injusticias cometidas contra este grupo étnico, basándose en documentos legales, archivados desde 1777 hasta 1900.

En el estudio, realizado por Ezio Garay, se refleja la calidad de objeto que tenían los afrodescendientes esclavos en aquella época. Solo podían dejar la esclavitud si pagaban su valor al amo, cifra que entonces era equivalente al monto de una vivienda. Y si no podían pagar esa suma, eran heredados, como si fuesen bienes inmuebles, por la familia del “amo” fallecido.

Abril ha sido un mes intenso para el pueblo afrodescendiente que busca reivindicar sus derechos. Durante la segunda semana de este mes, una delegación de 500 miembros  del colectivo afroecuatoriano del Ecuador, partió desde Guayaquil hacia la capital para entregar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que, entre otros puntos, solicita el establecimiento de cuotas para la inclusión laboral de los pueblos afros. El grupo llegó el 25 de abril pasado a Quito. Allí se reunió con el presidente Rafael Correa.  

Los caminantes expresaron su reconocimiento a las políticas públicas a favor de este segmento poblacional y señalaron que su iniciativa establece cuotas para elevar la inclusión laboral de los pueblos afros del país.      

Jazmín Cheme, líder del Colectivo Afroecuatoriano, enfatizó la necesidad de fijar un porcentaje de representantes afros en los gobiernos autónomos descentralizados y un nuevo modelo de gestión gubernamental en los territorios.

El porcentaje, del total de personas que viven en la provincia, determina la participación de las minorías en los gobiernos autónomos descentralizados.

Los afrodescendientes son el 7% de la población ecuatoriana (1’042.812 personas), dato revelado en el último censo, donde se preguntó a la población cómo se autoidentifica.

En el censo de población realizado en el 2001 se identificaron como afroecuatorianos 604.009 ciudadanos, o sea el  5,0% de los habitantes.

Cheme destacó que 13 afrodescendientes fueron nombrados este año como secretarios de la Cancillería, sin embargo, solicitó que se abrieran otros espacios en diversas entidades públicas.

El documento de la Comisión de Derechos Colectivos precisa que hasta el momento no existen señales de compensación para lograr la igualdad real de derechos con el grueso de la sociedad ecuatoriana. Por eso, aseguran, debe aprobarse la Ley Orgánica de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano.

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