Gabriela León es una abogada chilena que lleva 12 años de relación con la ecuatoriana Rosa Paredes.

Ellas mantienen una unión de hecho, aunque para ello debieron sortear un sinnúmero de trabas y costos monetarios.

Por eso afirma que existen diferencias sustanciales entre la unión de hecho y el matrimonio civil.

La distinción, dicen, nace desde el costo de la unión de hecho hasta las pruebas documentales que se requieren para comprobar que existe  la convivencia.

“Un matrimonio cuesta $ 80 y no deben presentar ningún documento adicional; mientras que la unión de hecho necesita ser notariada primero para ser inscrita en el Registro Civil”, se queja Gabriela. Esos trámites, incluida la minuta notarial y la nueva cédula, les representó en promedio $ 200.

El matrimonio, como institución, regula el patrimonio de los cónyuges, así como la protección de la familia y la salud. Pero eso no sucede en la otra figura.

“El Seguro Social reconoce la unión de hecho cuando existen hijos en común de por medio, caso contrario no es válido”.

En cambio, al casado solo con la cédula se le reconoce la sociedad conyugal.

Gabriela recuerda que su pareja quiso brindarle una extensión de cobertura en salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero le fue negada porque para esa institución la ley establecía la extensión al cónyuge o conviviente, mas no a una persona del mismo sexo y en cuya cédula no aparecía la figura de unión de hecho.

Por ese motivo recurrió a la Defensoría del Pueblo y esperó seis meses para finalmente acceder a la extensión de seguridad social.

“Hemos debido someternos a una serie de trámites para acceder a la unión de hecho y exigir un derecho derivado de esa unión”.

En ese proceso -expresan-requieren tramitar documentos que la validen; sin embargo, “no todos tienen dinero para acceder a los servicios notariales”.

En Ecuador desde 2008 se validó la unión marital de hecho entre personas del mismo sexo.  

Efraín Soria cuenta que su unión de hecho con Xavier Benalcázar no fue suficiente para acceder a las utilidades que reparten las empresas privadas a los empleados con familia.

Eso ocurre a pesar de que la Constitución ecuatoriana establece igualdad de derechos para quienes tengan el anterior tipo de enlace o firmen un matrimonio civil.

Para la jurista Pamela Chiriboga, de la Fundación Regional en Asesoría de Derechos Humanos, existen trámites excesivos y que deben cumplir en las notarías.

“En caso de que hayan bienes y de que el cónyuge muera, se debe demostrar con documentos notariados la relación existente, igual en el caso de pensiones de montepío. Si fuera un matrimonio, los beneficios se darían de inmediato”.

Christian Paula, abogado de la Fundación Pakta, añade  que esta figura legal no permite reconocer a los hijos (caso de Satya, quien es hija de dos mujeres). El IESS -expresa- en ocasiones solicita los documentos que avalen al menos dos años de relación.

Diario EL TELÉGRAFO consultó sobre el tema en el IESS, mas hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (I).