“Las políticas no deben tener el tono de pobrecitos los viejitos”

03 de marzo de 2012 - 00:00

En el país existen adultos mayores que, con el fin de vigilar el cumplimiento de sus derechos constitucionales, se están involucrando en la elaboración de los presupuestos municipales y la formación de observatorios ciudadanos.    

Jubilados, retirados que no fueron afiliados al Seguro Social y amas de casas conforman dicho grupo.
Quieren que se cumplan los postulados establecidos a partir del artículo 35 de la Constitución, porque como dice Rosa Azúa, coordinadora de la Red Nacional de Adultos Mayores del Ecuador (Renpermae): “Las políticas no deben ser asistencialistas, en tono de pobrecitos los viejitos. No, nosotros pedimos que se cumplan nuestros derechos”.

Estas conclusiones salieron del II  Foro Nacional de los Adultos Mayores, en el que   participaron 120 activistas que ya han cumplido los 60 años, y tres representantes de las instituciones públicas. 

Dos preocupaciones se repiten: la falta de centros gerontológicos en el país y la jubilación universal.
“Yo soy una ejecutiva del hogar, en mi época no  nos afiliaban”, planteó una anciana  al representante del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Pero  no se refería a la jubilación universal, derecho establecido en la Constitución para los adultos mayores no afiliados, sino a  las diversas opciones que tienen, como solicitar créditos a las instituciones públicas para formar microempresas.            

Fernando Terán, asesor técnico de la Renpermae, explicó que actualmente el MIES entrega a los adultos mayores no afiliados un bono similar al de Desarrollo Humano, que según Valentín Cucalón, presidente del club de adultos mayores del  barrio Stella Maris (Guasmo), es de $45. 

“Nosotros creemos que debe establecerse una política a través de la cual el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entregue la jubilación universal. Según el MIES, el 30% de los adultos mayores recibe este bono, que no se llama jubilación universal ni permite que los adultos mayores puedan ser atendidos en los hospitales de la seguridad social”, explica Terán. 

A Cucalón le inquietan dos asuntos: el Código de Ordenamiento Territorial vigente y la Ley de Participación Ciudadana, porque  establecen que los gobiernos autónomos descentralizados están obligados a destinar un 10% de su presupuesto a inversión para los grupos de atención prioritaria, pero ignoran cuánto de ese 10% le corresponde a los ancianos y cuánto a los niños y a los discapacitados. “Tenemos el derecho a  conocerlo”, demandó el también  miembro de la mesa cantonal del Municipio.  

Luis Moncayo, quien asistió al foro en representación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, explicó que a partir de este año la institución revisará los presupuestos de todos los gobiernos autónomos descentralizados para vigilar que, en efecto, destinen el 10% de su presupuesto a  grupos prioritarios.

“Tengo entendido que en el Cootad debe estar establecido qué porcentaje del 10% debe destinarse a los adultos mayores”, contestó el funcionario cuando se le preguntó cuánto del total debía invertirse en programas para este grupo en particular.       

Pero también existen problemas ligados a la idiosincrasia social. Cucalón cree en el “envejecimiento activo”, es decir,  que “la muerte a uno le debe coger  parado como a los árboles”.      

“En el Guasmo, el suburbio y Sauces III estamos trabajando en esa idea, pero  el porcentaje de personas que se une a las diversas  actividades aún es bajo. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),  en la ciudad hay 100.000 personas mayores de 60 años”, anotó.

A finales de 2011 se establecieron observatorios en Esmeraldas, Bolívar, Chimborazo y Tungurahua, dijo en su intervención Giovanni Salinas, coordinador nacional de la Renpermae.  

En mayo esta entidad entregará el primer informe del nivel de participación que tienen los ancianos en los procesos de formulación de los presupuestos, y a lo largo de todo este  año se abrirán otros observatorios, conformados por jubilados y retirados, para que vigilen el cumplimiento de sus derechos constitucionales. 

En la Asamblea Nacional se está trabajando en un anteproyecto de ley para proteger al adulto mayor.

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