"La política pública no está afectando a las universidades"

La Asamblea Nacional ratificó que no ha recibido ningún proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), tema que en los últimos días generó críticas por parte de funcionarios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). Enrique Santos, miembro académico del Consejo de Educación Superior (CES), se refirió a los cambios que se requieren.

Aunque aún no llega alguna propuesta al Legislativo, ¿desde el CES se piensa plantear un cambio a la LOES?

En estos días -en el CES- discutiremos el tema y presentaremos una propuesta a la Asamblea Nacional para que se haga una reforma a la LOES, pero exclusivamente centrada en que las universidades no son entidades con fines de lucro.

¿No se planteará que la Andina y la Flacso renuncien a su carácter internacional?

Ese es un debate que está en el plano del Ejecutivo, pero nos parece que es un proceso asimétrico que las universidades públicas nacionales sean medidas con una vara y las internacionales, que también son públicas, se midan con otra vara.

Flacso informó que el costo de un doctorado por alumno es de $ 84.112, mientras que en la Escuela Politécnica Nacional (EPN) es de $ 20.177. ¿Por qué Flacso oferta los Ph.D a mayor costo?

En esta comparación también hay otros ejemplos. Un doctorado en la Universidad de Cuenca bordea los $ 14.500, mientras que en la USFQ, uno de los centros privados más caros del país y totalmente autofinanciado, el valor de esos estudios -por estudiante- es de $ 32.000. Lo que se evidencia es que en la Flacso hay una deficiente gestión del gasto.

¿A qué se refiere con esa afirmación?

Se necesita más claridad. La suma de lo que el Gobierno entregó a la Andina ($ 116 millones, de 2007 a 2015) y a la Flacso ($ 92 millones, en el mismo período) representa el 62% de lo que el Estado gasta en becas para estudiantes en el extranjero. Evidentemente, no se puede manejar el argumento de que la política pública perjudica a las universidades locales. Los índices financieros demuestran que las universidades de convenio internacional tienen el nivel de eficiencia académica y administrativa bastante bajo, comparado con las públicas.

La LOES plantea que los centros de educación superior del país deben tener 10% de becarios. ¿Esto se cumple en la Flacso y en la Andina?

Estos datos los tiene la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). La información que sí manejamos es que de las 8 universidades cofinanciadas, tres no destinan el cofinanciamiento del Estado en becas. Los datos son de 2015.

¿Cuáles son las universidades que no cumplen con la ley?

No puedo dar esa información, pero las universidades implicadas están al tanto.

¿Se planteará alguna sanción para esos centros de estudio?

La potestad la tiene la Senescyt, pues es un tema de fondos públicos. Los organismos reguladores del sistema establecerán un mecanismo para obligar a que esas universidades cumplan con la ley, si en un período razonable no lo hacen, se aplicaría la norma constitucional, y ahí se podría retirar la asignación de recursos estatales.

¿Qué dice la LOES con respecto a las becas para docentes?

Según el art. 36 de la norma, el 6% del presupuesto de la universidad se destinará a becas de alumnos y docentes. Este porcentaje no se suma al 10% que es para los grupos minoritarios. (I)

Breilh no tiene respaldo del ente

Parlamento denuncia trabas en la U. Andina

Luis Fernando Duque García, presidente del Parlamento Andino, denuncia una serie de irregularidades en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), de Quito. Duque, quien también es presidente del Consejo Superior del centro, envió un documento al presidente Rafael Correa, en el que expone lo que sucede.

En el texto recordó que el Parlamento Andino asumió, en noviembre de 2015, el control político del proceso de designación del rector de la Sede Ecuador de la UASB “ante las ilegalidades e irregularidades que se cometieron por parte de algunos de los miembros del anterior Consejo Superior”.

Como parte de sus competencias -añade- aprobaron los estatutos, designaron los 5 miembros del consejo, incluido su presidente. Por ese motivo, indica, en febrero de 2016 fue aprobado un reglamento de consulta previa a la designación de rector y se encargó esa dignidad a Jaime Breilh.

Sin embargo -agrega- la consulta no se realizó por la injerencia y manipulación de una serie de actores, “entre los que se encuentran autoridades anteriores, el rector (e) Breilh, el rector de la Sede Central José Luis Gutiérrez Sardán, Fernando Balseca, entre otros, quienes no solo boicotearon las sesiones del Consejo Superior, sino que irrespetaron la normativa de la CAN, la LOES, así como los estatutos de la universidad”.

Según el texto, hubo diálogos con las autoridades con el fin de acordar las bases mínimas para superar la crisis de la UASB. No obstante, “la negociación se vio afectada por la posición intransigente de Gutiérrez Sardán, respaldado por Breilh, de no reconocer a los miembros del Consejo Superior designados por el Parlamento Andino (...) Consideramos que el Gobierno ecuatoriano debe adoptar las acciones y decisiones que correspondan”.

De igual manera, aclara que Breilh ya no goza de la legalidad como rector de la Sede Ecuador de la UASB, pues su encargo de acuerdo a las resoluciones del CES y a la normativa aplicable ya culminó. “Por lo tanto, para todos los efectos de transparencia en la gestión administrativa de la universidad, solicitamos muy respetuosamente se disponga que le sean suspendidos el acceso a las claves que maneja la universidad en el SRI y se adopten los demás actos administrativos pertinentes que garanticen el debido control”. (I)