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La penalización del aborto como una forma de violencia estructural contra las mujeres

La penalización del aborto como una forma de violencia estructural contra las mujeres
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22 de diciembre de 2020 - 00:00 - Ana Vera, organización Surkuna

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* Análisis

La penalización del aborto es una forma de violencia estructural contra las mujeres, que vulnera nuestros derechos humanos, que se constituye en un factor de discriminación, inequidad y desigualdad, y que desconoce nuestra capacidad como seres humanos para tomar decisiones sobre nuestra vida y nuestra dignidad, priorizando nuestro rol como objetos de reproducción mas que como sujetas de derechos.

 

El aborto en el Ecuador es no punible en tres casos: 1. Cuando la vida o salud  de la mujer corre peligro al continuar el embarazo;  y 3. Cuando el embarazo ha sido producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. Nuestra Legislación considera que practicarse un aborto en cualquier otro caso constituye un delito, y penaliza a la mujer que se cause un aborto o consienta que otro lo cause con una pena de 6 meses a 2 años de prisión. 

 

La existencia de leyes restrictivas respecto al aborto, no evita que las mujeres abortemos, sino que  influye sobre las condiciones en que se realizan estos abortos, pues el aborto es un intervención segura cuando se realiza en condiciones adecuadas. En Ecuador, de acuerdo con  las cifras del Anuario de Camas y Egresos Hospitalarios en el año 2019 se registraron 25.327 complicaciones  y 10 muertes relacionadas con el aborto[1] y en lo que se lleva del 2020, se registren 6 muertes relacionadas con aborto[2].

 

A todo esta realidad se suman, las  denuncias que hacen las y los prestadores de servicios de salud  de mujeres que llegan a hospitales con sangrados producto de abortos. Esta práctica, que es considerada un delito de acuerdo al artículo 179 del Código Penal, impone obstáculos a la obtención de atención en salud por parte de las mujeres lo que constituye una forma de discriminación y vulneración de derechos, generando un contexto de desconfianza en el sistema de salud que repercute en el acceso y la aceptabilidad de los servicios.

 

La ilegalidad del aborto afecta de manera distinta a las mujeres, en relación con los recursos que éstas poseen, siendo las mujeres empobrecidas, con poco acceso a recursos sociales, educativos y redes de apoyo, las que mueren, enferman o van a la cárcel mayoritariamente por esta causa, constituyéndose también la ilegalidad del aborto en un grave problema de injusticia social y discriminación socio económica. 

 

En reconocimiento, de la grave vulneración de derechos humanos de las mujeres que implica la penalización del aborto, varios organismos internacionales y regionales de derechos humanos han recomendando la necesidad de liberalización del mismo y de que los Estados garanticen acceso a servicios de aborto. (Mendez, 2013) (CEDAW, 1999).

 

 Toda esta realidad nos lleva a cuestionarnos sobre el país en que queremos vivir, un país donde se respeten y garanticen los derechos humanos de las mujeres o donde estos sean negados sistematicamente.

[1]

                        [1]  MSP, Gaceta 50 , de muerte materna 2019

[2]

                        [2] MSP, gaceta 35 de muerte materna 2020


* Ana Vera, organización Surkuna 

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